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 MUNDO
Un soldado de EEUU, condenado por violar y matar a una niña iraquí
Un traductor y un interrogador reconocen que el Ejército de su país somete a abusos físicos y aplica métodos como la 'bañera' a los presos
PABLO PARDO / Especial para EL MUNDO

WASHINGTON.- Una pena de cárcel de 100 años -que pueden reducirse a 10 si testifica contra sus ex compañeros- y expulsión del Ejército.Ésa es la pena que el soldado Paul Cortez, de la 101 División Aerotransportada de EEUU -probablemente, la unidad más prestigiosa del Ejército de Tierra- recibió el jueves de un tribunal militar en la base de Fort Campbell, en Kentucky, en la que está el cuartel de esa unidad.

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Cortez ha sido condenado por el incidente que tuvo lugar en el pueblo de Mahmudiya, cerca de Bagdad, el 12 de marzo pasado, cuando cinco militares estadounidenses violaron una niña iraquí de 14 años, a la que luego asesinaron, junto con su padre, su madre y su hermano, para eliminar pruebas. El suceso llevó a las guerrillas que operan en el área a secuestraran pocas semanas después a dos militares estadounidenses y los torturaran hasta la muerte.

Cortez es el segundo soldado que ha sido condenado por la acción, después de que en noviembre pasado su compañero James Barrer fuera sentenciado a 90 años de cárcel. Otros dos soldados siguen pendientes de ser juzgados. Teóricamente, pueden ser condenados a muerte.

La sentencia contra Cortez se produce justo cuando la prensa de EEUU publica una serie de testimonios de soldados que han estado involucrados en torturas en Irak. Esas declaraciones tiran por tierra la tesis oficial de que las torturas en la cárcel de Abú Ghraib, descubiertas hace casi tres años por la cadena de televisión CBS y el semanario The New Yorker, eran un caso aislado producto del caos de la ocupación.

Paradójicamente, sin embargo, las nuevas informaciones no han provocado la más mínima reacción en Estados Unidos. Todo lo más, cierto sentimiento de conmiseración hacia las consecuencias psicológicas que haber participado en las torturas -«abusos», según la prensa estadounidense- han dejado, no en las víctimas, sino en los torturadores.

Ésa es la idea que subyace al artículo Las pesadillas de un interrogador, publicado en The Washington Post el pasado día 9, y firmado por Eric Fair, quien, tras dejar el Ejército en 2000, trabajó como traductor para las Fuerzas Armadas de EEUU en Irak en 2004, cuando en teoría ya no había torturas en el país. En su testimonio, Fair explica que los mandos de la 82 División Aerotransportada -casi tan prestigiosa como la 101 a la que pertenecía Cortez- le ordenaron «no dejar dormir a un detenido durante las 12 horas» que duraba su turno. «Para ello, le abría la puerta de la celda cada hora, le obligué a estar desnudo y todo el tiempo de pie en una esquina», relata.

Fair no era más que un traductor. Pero, en la cárcel de Faluya, los mandos le convirtieron en un torturador. De su testimonio se desprende que su caso no era aislado. «El abuso físico era habitual, incluyendo patadas y puñetazos», escribe en su artículo.Algunos prisioneros «eran sometidos a largos periodos de aislamiento en habitaciones en la más completa oscuridad». El traductor explica que ha visto «a prisioneros obligados a estar de pie la noche entera, temblando de frío en sus celdas y suplicando a sus captores ayuda».

El testimonio de Fair es similar al de Tony Lagouranis, un ex interrogador en Irak que ha declarado a la revista The New Yorker que en Irak trabajó «con gente que empleaba la bañera, un método consistente en sumergir repetidamente a un prisionero en agua, hasta que está a punto de ahogarse». Lagouranis recordaba: «Usé hipotermia severa, perros y privación de sueño. He visto a sospechosos a los que los soldados sacaron de sus casas y les partieron huesos a golpes, para luego hacerlos sentar sobre los tubos de escape al rojo de los Humvees (los enormes jeeps que utiliza el Ejército de EEUU) hasta que les producían heridas de tercer grado».

Las bombas de racimo son un método legítimo de guerra, según EEUU, que no mandó representante a la cumbre celebrada ayer en Oslo (Noruega) donde 46 países (entre ellos, España) firmaron un acuerdo para prohibirlas en 2008, informa Efe.

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