Las primeras sentencias conocidas afectan a algunos de los ciudadanos que recurrieron a los tribunales y cuya demanda fue conducida por el abogado Fausto Sánchez Cano, uno de los más reconocidos especialistas en materias de expropiaciones de la Comunidad de Madrid. Las sentencias conocidas se refieren a la autopista de peaje R-4 y a la R-3.

La responsable de la R-4 es la Concesionaria Autopistas Madrid Sur S. A (Ferrovial), que además del segmento Madrid-Ocaña, gestiona algunos tramos de la M-50, que iban incluidos en la concesión. En total se trata de unos 95 kilómetros.

La R-3 está gestionada por Accesos de Madrid (Fomento de Construcciones y Contratas junto con ACS) tiene 33,9 kilómetros y va desde la capital de España hasta la localidad de Arganda.

En el caso de la R-4 la sentencia señala que se declara la nulidad del procedimiento expropiatorio debido a la «ausencia» del trámite de información pública que debía haber realizado Fomento «y no siendo posible la restitución in natura de los bienes al estar terminada la R-4, es procedente estimar la pretensión de indemnización sustitutoria siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo del 27 de enero de 1996».

Posteriormente la sentencia señala que la cuantía indemnizadora por la ocupación ilegal de los terrenos (en este caso en la localidad de Seseña) «vendrá determinada por su valor de mercado a la fecha de la ocupación material, incrementado en un 5% como premio de afección, y en un 25% suplementario para no hacer de igual condición la expropiación legal de los terrenos y la ocupación ilegal». A esta cantidad habrá que añadir los intereses legales desde la fecha de la ocupación del terreno.

Por lo que respecta a la R-3, el fallo de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid señala que «resultando esencial el trámite de información pública y habiendo sido omitido (...) causó indefensión material al recurrente, quien en modo alguno pudo articular alegaciones frente a la concreta necesidad de ocupación de la finca en la forma en que se hizo».

Pero además no sólo no se sometió a información pública el proyecto, sino que según el abogado de los expropiados, Fausto Sánchez Cano, se expropiaron 180 metros de anchura, cuando lo habitual en estos casos es ocupar de 70 a 75 metros. Sánchez Cano señala que el objetivo ha sido especular con estos terrenos para aportarlos luego a juntas de compensación según el desarrollo urbanístico vaya requiriendo.

El tribunal madrileño desestimó el argumento de la Abogacía del Estado que planteó la tesis de que, dado que la construcción de las radiales fue declarado «urgente y de excepcional interés público» por una orden del Ministerio de Fomento de 26 de mayo de 1997, se cumplía el requisito de declaración de necesidad de ocupación y el procedimiento de información público podía ser omitido.

Los precios ofertados por las concesionarias de las radiales a los expropiados en el caso de Arganda (R-3), según el letrado, fueron de 2 a 2,5 euros por metro cuadrado, y el precio que deberán pagar las empresas tras la sentencia se verá multiplicado por 10, sin contar los intereses correspondientes.

Según las primeras estimaciones, el pago de indemnizaciones en el caso de la R-3 podría elevarse a unos 700 millones de euros, una cantidad similar a lo que costó toda la obra.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al ser por un monto inferior a los 150.000 euros (25 millones de las antiguas pesetas) no es recurrible, mientras que la del Tribunal de Castilla-La Mancha sí lo es por ser de un importe superior.

Se calcula que las radiales de Madrid podrían dar origen a unos 7.000 recursos similares a estos que acaban de ser resueltos, lo que paralizaría los tribunales y tardarían unos 10 años en fallarse. Ante esta situación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se plantea unificar criterios con una sentencia de referencia para que las partes conozcan los baremos utilizados por el tribunal en cada radial y la M-50. De esta manera los fallos podrían estar dictados en unos seis meses.

Se espera que sentencias similares se hagan públicas en los próximos meses relativas a la autopista Madrid-Toledo (AP-41) y a la R-5, que también tiene decenas de reclamaciones judiciales.

Las autopistas radiales de Madrid ya se encuentran en su tercer año de vida y es evidente que, de momento, no han cumplido sus objetivos de negocio, ya que, excepto en las grandes operaciones de salida y entrada a la capital, están infrautilizadas. Según las estimaciones de las empresas concesionarias, las cuatro radiales están absorbiendo apenas un tercio del volumen de coches que se había estimado.

El estudio original del Ministerio de Fomento preveía que las radiales se quedarían con entre el 25% y el 30% del tráfico de las autovías nacionales que discurren paralelamente. En algunos casos se llegó a hablar de hasta el 40% del flujo de vehículos y se pensaba que en todas las vías se iba a producir un rápido trasvase de usuarios.

Una de las razones que los detractores de las radiales esgrimen como argumento del escaso entusiasmo por utilizarlas es que estas autopistas desembocan tarde o temprano en la M-40, vía que sufre importantes retenciones en las horas punta del día. Otros analistas del sector estiman que hay determinados tramos de las radiales que han cumplido las expectativas y que su uso incluso es mayor al previsto en esta fase de la vida de la autopista.

Sea como sea, cualquiera que utilice las autopistas de peaje de acceso a Madrid puede comprobar que estas infraestructuras, que se toparon con la oposición de muchos de los alcaldes de los municipios por donde discurren y de grupos de ecologistas y de vecinos que criticaron su despliegue, podrían formar parte perfectamente del 'superávit de infraestructuras' de nuestro país.

A esta apreciación se ha agarrado la ministra de Fomento en su disputa con la presidenta de la Comunidad de Madrid por frenar el estudio de factibilidad de la R-1, la vía que descargará la actual A-1 (Madrid-Burgos). Tras resolverse el contencioso judicial entre ambas administraciones, Esperanza Aguirre ha dado instrucciones de que la comunidad inicie su estudio.