El Gobierno vasco gastó al menos 1.051.400 euros a lo largo de cinco ejercicios, entre 2001 y 2005, sin que en esta cantidad esté incluido el costo del personal implicado en el proyecto, al no poder calcularlo por la inexistencia de «una contabilidad o sistema de gestión» que lo permita.

El tribunal anota este hecho como una limitación al trabajo auditor realizado, al que añade además que la revisión se circunscribe a los gastos efectuados por el Gobierno vasco, según los datos suministrados por Lehendakaritza, responsable del proyecto, y sometidos luego a contraste informático. Ninguna de las tres diputaciones, ni los ayuntamientos de las capitales vascas, a quienes el TVCP se dirigió por escrito, han reconocido desembolso alguno «por ese concepto».

Publicidad institucional

El informe provisional, al que ha tenido acceso EL MUNDO, es taxativo en cuanto al cumplimiento de la legalidad. Aunque detecta algunas vulneraciones en la gestión de varios expedientes, concluye que «la totalidad de los gastos imputables» se adecuan a la «normativa aplicable».

A diferencia de otras autonomías, como la Comunidad Valenciana, el País Vasco no dispone de una ley específica de regulación de la publicidad institucional, en la que se marquen claramente los límites entre publicidad y propaganda política; un importante vacío legal señalado por auditores consultados por este diario.

Como infracciones legales detectadas, se enumera media docena de incumplimientos administrativos, aparentemente de poca importancia.

El Tribunal examina los gastos en los que incurrió el Ejecutivo de Ibarretxe desde el discurso de investidura del 11 de julio de 2001, en el que anunció la revisión del Estatuto de Gernika, hasta la presentación, el 1 de febrero de 2005, de la Propuesta de Nuevo Estatuto en el Congreso de los Diputados.

A lo largo de esos ejercicios el Gobierno vasco gastó casi la mitad del millón utilizado en la edición y difusión de publicaciones sobre el plan, empleando la otra mitad en presentaciones tanto dentro como fuera de la comunidad y en su divulgación a través de los medios de comunicación.

Las principales partidas de gasto se concentran en 2002, año en el que el Ejecutivo empezó a confeccionar el proyecto, que no fue validado por el Parlamento hasta dos años después. Paradójicamente, tras su aprobación por la Cámara, el 30 de diciembre de 2004, en 2005 invirtió una cantidad mucho menor, de 211.400 euros, en la publicación y distribución de la propuesta definitiva.

El conocido como plan Ibarretxe por el impulso otorgado por el lehendakari, propugnaba una nueva relación, de libre adhesión, entre el País Vasco y España, un proyecto, fallido, que no fue aceptado por las Cortes y que ha sido superado luego por los acontecimientos, sin que en la actualidad forme parte del debate político en el País Vasco.

Durante su gestación y tramitación, muy conflictiva, contó con el rechazo frontal de la oposición, aunque fue aprobado in extremis y por sorpresa en diciembre de 2004 gracias a tres votos prestados por Sozialista Abertzaleak, el grupo de la izquierda abertzale.

Pese a no contar con el respaldo parlamentario que garantizara su aprobación, el Gobierno vasco llevó a cabo en 2002 y 2003 una intensa campaña de promoción del proyecto en el País Vasco y en el exterior. El PSE y el PP acusaron al Ejecutivo de emplear fondos públicos en una «iniciativa partidista».