Abogaba por un Gobierno socialista en una entrevista publicada en pleno franquismo, que le abrió seis procedimientos judiciales por su rebeldía política. Fue diputado por la UCD en las Cortes Constituyentes; ministro, en el primer Gobierno de la Transición; embajador de España, y, en su última etapa, presidente del Tribunal Constitucional a propuesta del PSOE, lo que le valió el calificativo de progresista para, finalmente, ser tachado de conservador por los mismos que le eligieron debido a su encendida defensa de las competencias del Estado frente a la voracidad autonómica.

Manuel Jiménez de Parga (Granada 1929), doctor en Derecho y catedrático de Derecho Constitucional, es un hombre polifacético y culto, gran conocedor de los medios de comunicación, donde ha tenido una destacada presencia. Fue fundador de Antena 3 y consejero del grupo Godó, y ha sido articulista en los principales periódicos del país. Tal vez por eso, por esa faceta de juezenamorado del periodismo, no tiene ni miedo a las palabras ni pelos en la lengua, lo que le dibuja como un hombre independiente sin más obediencia que la propia conciencia.

La entrevista se celebra en el despacho de abogados que lleva su nombre y ahora dirigen algunos de sus siete hijos. Ese día hay una actividad frenética, en la que, a pesar de la edad, él se mueve como pez en el agua. Está muy pendiente de la actualidad, que pasa por la polémica en el Alto Tribunal, el decepcionante resultado del referéndum andaluz y la crispación política que, en su opinión, está provocando una preocupante deserción de los ciudadanos. Dice, sin despeinarse, que los partidos políticos se han convertido en agencias de colocación generadoras de fieles empleados y que los estatutos de autonomía son anticonstitucionales. Y aboga por un cambio de la Ley Electoral que impida a los nacionalistas tener la sartén por el mango...

PREGUNTA.- Menuda decepción que el referéndum de Andalucía se haya aprobado con la participación más baja de la Historia. ¿Éste es un serio aviso para los políticos?

RESPUESTA.- Creo que sí. Ha sido una clarísima advertencia que se ha hecho en Andalucía, como antes se había hecho en Cataluña y probablemente se haría en cualquier otro lugar donde se sometiera a consulta popular un Estatuto como los que se están tramitando. Todos estos estatutos son anticonstitucionales, porque, a mi entender, en los estatutos no se pueden incluir tablas de derechos y obligaciones especiales para unos ciudadanos.

P.- ¿En qué sentido?

R.- Yo tengo en este momento 12 nietos en Madrid y nueve en Barcelona, y si se aprobaran estos estatutos mis nietos de Madrid tendrían derechos distintos que mis nietos de Barcelona. Y eso es un disparate, porque va contra el principio constitucional, recogido en dos preceptos, donde se afirma de forma rotunda que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional.

P.- Mal asunto cuando los ciudadanos dan la espalda a los políticos y no acuden a las urnas, ¿no?

R.- La escasa participación en ese referéndum es una auténtica moción de censura a la clase política. Advierte de que los ciudadanos van por un sitio y los políticos por otro, y el desentendimiento con el pueblo es total. Es una desautorización de los políticos que pidieron con insistencia que se acudiera a las runas.

P.- Sea como fuere, el resultado es legal, pero ¿es legítimo?

R.- Es legal, porque la ley no exige un 50%, pero democráticamente hablando no es legítimo que participe sólo un 30% de la población, porque falta lo que se pretende: dar a conocer la voluntad popular.

P.- ¿Por qué dice que el camino de los estatutos es anticonstitucional?

R.- Es un camino anticonstitucional, porque no es que sea la violación de un derecho, es que va contra el principio constitucional. La Constitución, como un edificio, tiene sus cimientos y también las partes secundarias -como los tabiques, las ventanas o las escaleras-, que se pueden modificar. La Constitución se puede y debe adaptar y modificar, como se hace en todos los países, pero no se puede atentar contra los cimientos, destruir la Constitución. Y estos estatutos la destruyen.

P.- Pues, si esto es así, el recorrido es peligrosísimo...

R.- Siempre he sido optimista, incluso en momentos difíciles, y creo que estos estatutos no van a tener la traducción práctica, sobre todo por motivos económicos. Para que el de Cataluña fuera efectivo, tendría que aprobarse un número considerable de leyes orgánicas, y naturalmente no se van a aprobar. Y para que se ponga en marcha el de Andalucía -que es más respetuoso con la Constitución-, también.

P.- De entrada, Rodríguez Ibarra va a recurrir el andaluz por la gestión del Guadalquivir, y Barreda amenaza con lo mismo. ¿Eso es recurrible?

R.- El artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional concede la pertinente legitimación al órgano ejecutivo de la comunidad autónoma de Extremadura para recurrir el Estatuto de Andalucía. Resulta conveniente que todos los estatutos se sometan al control de constitucionalidad. Hay muchas dudas en todos esos textos que deben analizarse y despejarse definitivamente.

P.- Usted ha dicho que hay una deserción de la política en nuestro país, ¿a qué obedece?

R.- Entre otras cosas, a que los grandes partidos no movilizan a la gente. Algunos dicen que, desde 1977, poco a poco los partidos se han convertido en unas agencias de colocación generadoras de fieles empleados, en vez de agrupar a simpatizantes de unas ideas. Nadie pone en duda que en nuestro país hay una deserción política, como se ve en los referendos.

P.- Pues tampoco el TC está para tirar cohetes. ¡Menudo número se ha montado con Pérez Tremps!

R.- Yo del TC no quiero emitir una opinión, por razones claras de que acabo de presidirlo y para mí es una institución muy querida. Pero lamento muchísimo que se hayan planteado en la calle, y con tal polémica, cuestiones que afectan a un tribunal. Y especialmente porque se apoya en datos falsos, como decir que los magistrados están condicionados por quien los nombra. La afirmación de que por el nombramiento se condiciona la vida profesional del magistrado.

P.- ¿Y no es así?

R.- No. Y por eso hace tanto daño esa clasificación de progresistas o conservadores, que es arbitraria y carente de sentido. Yo, por ejemplo, fui nombrado magistrado por el Gobierno de Felipe González y, al terminar mi trabajo, algunos dijeron que era conservador, de modo que yo, nombrado por el Gobierno socialista, era conservador. El magistrado procura ser independiente, comportarse según sus criterios y su formación. La última prueba sobre esto se acaba de poner de manifiesto con la sentencia, aprobada por unanimidad, relativa a una profesora de Religión, con una excelente ponencia de la presidenta, María Emilia Casas.

P.- ¿Qué le parece lo de Pérez Tremps? ¿Habría que limitar los motivos de recusación de un juez?

R.- El asunto no lo conozco, y no puedo opinar. Pero, en cuanto a la recusación, la legislación que se aplica no es propia del TC, sino que es la general de jueces y tribunales y, en consecuencia, falta un encaje.

P.- ¿Y habría que hacer una legislación propia?

R.- Sí, el sistema es inadecuado. En la reforma de la Ley Orgánica del TC podría haber unas normas de recusación que fueran más adecuadas.

P.- Sea como fuere, Artur Mas ha dicho que si el Estatut no cabe en la Constitución, habrá que cambiar la Constitución...

R.- Esa afirmación es un disparate. La Constitución hay que cambiarla, pero por decisión del poder constituyente, que es la Nación española. Si todos los españoles decidiéramos cambiar la Constitución, por supuesto que se cambiaría, como se han cambiado todas las constituciones a lo largo de la Historia, y como se hace en todos los países democráticos. Pero aquí hay un intento de modificar la Constitución sin seguir el camino que la propia Constitución ha diseñado para su revisión.

P.- ¿Hay que cambiar la Ley Electoral, para que los nacionalistas no tengan la sartén por el mango?

R.- Sí. Me parece muy importante, y es una de las grandes cuestiones pendientes. Se debería cambiar la Ley Electoral y, a imitación de la legislación alemana, establecer un mínimo para que se puedan repartir los escaños del Congreso. Un mínimo de votos, pero no de los obtenidos en la comunidad, sino en toda España.

P.- ¿Y cuál sería ese tope mínimo?

R.- Eso es discutible, pero por lo menos obtener en el conjunto de España en torno al 5 o 6%. Nos falla la mala configuración del Senado, que hay que reformar para que sea una Cámara donde estén todas las comunidades, donde se puedan utilizar todos los idiomas; y, en cambio, que en el Congreso sólo tengan representación los partidos con una implantación nacional mínima de en torno al 5 o 6%, para no estar pendientes de unas minorías que dominan a todos los partidos.

P.- En aplicación de la Ley de Partidos, ¿cree que el PCTV es igual que Batasuna o no?

R.- No conozco con detalle el expediente, pero, por los datos que se nos han facilitado, parece ser que el PCTV es una tapadera de los movimientos independentistas vascos.

P.- ¿Batasuna podría presentarse a las próximas elecciones con ese nombre o con una marca blanca?

R.- No, no se puede presentar ni con ese nombre ni con otro. Hay una sentencia del TC que dice que nuestra democracia no admite que intervenga el que dude o ponga en cuestión los principios esenciales. Quien no acepte esos principios no está dentro de la legalidad constitucional.

P.- ¿De Juana Chaos ha intentado hacer un chantaje al Estado?

R.- Sí, ha intentado hacer un chantaje al Estado, porque inicialmente hubiera sido un cumplimiento de condena como tantos, pero él quiso separarse del conjunto de penados mediante una huelga de hambre. La única forma de no ceder a un chantaje de esos sería la firmeza. Ante una situación parecida, Margaret Thatcher dijo: «Si se quieren morir, que se mueran, y punto». Si el Gobierno da muestras de debilidad, el chantajista avanza, pero si se mantiene firme, el chantajista fracasa. Por fortuna, parece ser que ha depuesto finalmente su actitud.

P.- ¿El proceso de paz está liquidado o aún quedan rescoldos?

R.-Proceso de paz es una denominación incorrecta. Estamos frente a un grupo terrorista y no hay paz porque no hay guerra.

P.- Pero el final de ETA, sea cual sea, tendrá que ser dialogado, ¿no?

R.- Si se entiende un final dialogado con importantes concesiones políticas, yo diría que no, hay que estar firmes y usar los instrumentos del Estado de Derecho para que una banda terrorista desaparezca. Yo no veo más final aceptable que la eliminación de la banda.

P.- ¿Cómo ve el juicio del 11-M?

R.- Es un juicio muy importante. Yo veo a un presidente del tribunal enérgico, que no permite pasarse ni a los acusados, ni a los abogados, ni al fiscal. Está dominando la situación, y eso es bueno. No he tratado a Gómez Bermúdez, pero veo que es un hombre enérgico, que lleva el proceso con mano dura.

P.- ¿Sabremos si están todos los que son y son todos los que están?

R.- Es muy difícil hacer un vaticinio. Todavía tendremos que ver las pruebas, las declaraciones... Yo espero que se sepa la verdad. Pero hay tantos procesos en la Historia donde nunca se ha sabido, como en el asesinato de Kennedy...

P.- Menudo aterrizaje el del ministro de Justicia. No dejó títere con cabeza en su toma de posesión, y el PP tampoco le ha dado un respiro.

R.- Vimos allí un momento de crispación, que se repitió en el Parlamento. Espero que se vayan serenando los ánimos.

P.- Y, para colmo, ahora se pone de moda convocar manifestaciones contra el Poder Judicial...

R.- Serían manifestaciones improcedentes en una democracia con un mínimo de nivel. Que el lehendakari se eche a la calle para protestar me parece inaceptable.

P.- ¿Le parece bien que el PP fuera a la manifestación de la AVT contra la sentencia sobre De Juana?

R.- Ellos han dicho que no se suman a una crítica al Supremo, sino a un apoyo a las víctimas. Es una pena que hayamos llegado a un momento en el que, por falta de canales democráticos normales, se tengan que utilizar estos canales anormales.

P.- ¿Es partidario de devolver al Estado las competencias de urbanismo para evitar la corrupción?

R.- El Estado tiene facultad para dictar normas que paralicen este movimiento terrible de la corrupción urbanística. A mi juicio, el Estado tendría que hacer uso de esta facultad y dejar sin efecto la doctrina equivocada del TC. Fíjese: por defender la potestad del Estado en este asunto se me tachó de conservador y los que defendían que fuese competencia de las autonomías eran progresistas.