Los consejeros Enrique López, Carlos Ríos, Javier Laorden y José Merino presentaron en la tarde del pasado viernes un escrito con el fin de que la propuesta de aprobar una declaración institucional sea incluida en el orden del día de la sesión del Consejo del próximo miércoles.

La propuesta responde al malestar que ha causado la insistencia del nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en referirse a la «falta de legitimidad» del órgano de gobierno de los jueces por el hecho de encontrarse en funciones.

Mariano Fernández Bermejo aludió a la «deslegitimación» del CGPJ desde el primer minuto de tomar posesión del cargo. El día 13, en el acto de traspaso de la cartera, el nuevo ministro dijo que «los jueces y Tribunales necesitan con urgencia que su órgano de gobierno recupere la legitimidad de que hoy carece, pues siendo legal su supervivencia en funciones hasta que se produzca el relevo, el mantenimiento indefinido de la situación lo deslegitima, le priva del derecho a ser considerado como inobjetable cumplidor e impulsor de decisiones justas, aunque no haya dejado de ser legal».

Fernández Bermejo no sólo insistió, sino que agravó el argumento durante la sesión de control al Gobierno celebrada el pasado miércoles. Tanto en el Senado como en el Congreso, el titular de Justicia habló de que sólo es un CGPJ legítimo «el que está dentro del plazo y, sobre todo, el que responde a la nueva mayoría de las Cámaras».

El proyecto de declaración institucional propuesto por el sector mayoritario del Consejo empieza recordando que el pasado noviembre se cumplió el plazo de cinco años previsto por la Constitución para el mandato ordinario del actual CGPJ.

«Desde ese momento se halla a la espera de que las fuerzas políticas alcancen los consensos necesarios para su renovación», añade el escrito, que explica además que el Consejo ha continuado trabajando en funciones, «situación en la que, conforme al artículo 115.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe permanecer hasta la toma de posesión del que le suceda».

«La situación transitoria de desempeño en funciones de sus competencias no supone reducción o limitación de ninguna de ellas ya que el ordenamiento jurídico, a diferencia de lo que ocurre con otros altos órganos constitucionales, nada prevé al respecto», señala el texto propuesto, que subraya que el actual CGPJ ha realizado «con plena diligencia» todas la actuaciones que la ley le encomienda en los procesos de renovación del órgano.

Su «leal cooperación institucional» ha sido reconocida de forma expresa por la Mesa del Congreso, ya que el Consejo «ha colaborado con la Cámara en un amplio conjunto de actividades que iban más allá de sus deberes legales. No ha habido, por tanto, renuencias u obstruccionismos de ninguna clase».

La propuesta de declaración manifiesta que el Consejo General del Poder Judicial «es órgano creado por la Constitución para atender a la necesidad de la protección de la independencia judicial. Por ello, su actividad diaria resulta necesaria. No es, por tanto, un órgano prescindible, ni tan siquiera con carácter temporal o provisional».

«La situación actual del Consejo es, pues, de pura y estricta legalidad, su actuación diaria imprescindible y no ostenta déficit de ninguna clase desde el punto de vista de su legitimidad democrática», sostiene. «El cambio de unas mayorías parlamentarias durante el mandato de un órgano constitucional que fue nombrado conforme a la ley no afecta ni a la validez de su designación ni a la eficacia de su actividad diaria ni, en consecuencia, puede comprometer su aceptación social», responde al ministro.

La propuesta de declaración llama «a la prudencia y mesura de todos a fin de no imponer a las instituciones un deterioro que no se justifica en causa alguna. Es el Consejo General del Poder Judicial, incluso en su actual conformación, legal, legítimo y necesario y por todo ello merece el general respeto».