La acusación, formada por más de 50 abogados, pedirá por este fraude de más de 30 millones de euros penas de 13 años de cárcel para el director general de la constructora, Francisco García, y sus administradores, y penas de 6 a 7 años para otros dos imputados que, sin tener vinculación con CPV, «organizaron operaciones fraudulentas con ellos», según explicó a Europa Press el abogado de 300 de los afectados, Luis García Botella.

El proceso penal para depurar responsabilidades de los acusados corre en paralelo al procedimiento de quiebra iniciado en 2002, por el cual estas familias lograron recuperar un 20% de sus inversiones, una media de 25.000 euros, sin intereses ni revalorizaciones.

Sin ninguna esperanza de recuperar la totalidad de las letras que pagaron por pisos de hasta 125 metros durante cuatro años, las víctimas podrían recuperar ahora, antes del verano, otro 10, 20 ó 30 por ciento. «Se está gestionando la devolución de las cantidades en la medida de lo posible, aunque no van a recuperar el cien por ciento», apuntó el letrado.

La vista oral por la presunta estafa inmobiliaria de CPV dará comienzo en la Audiencia Provincial el 17 de abril y está previsto que se prolongue hasta el 10 de julio. Los cuatro administradores de la promotora se enfrentarán a penas de cárcel y se les pedirá responsabilidad civil subsidiaria de la comisión de delitos de apropiación indebida, estafa y de falsedad documental.

A pesar de los 30 millones de euros desaparecidos, los acusados han permanecido hasta ahora en la cárcel tan sólo mes y medio. A principios de noviembre de 2002 ingresaron en prisión gracias a la instrucción de la juez del Tribunal número 8 de Madrid, Rosario Espinosa. Transcurrido ese tiempo, y una vez declarada la quiebra de la CPV, otra jueza decretó su puesta en libertad sin fianza.

A la luz de la ausencia de soluciones rápidas, en enero de 2003, el Ayuntamiento de Madrid, con José María Alvarez del Manzano al frente, ofreció a los afectados que cumplieran los requisitos exigidos para solicitar una vivienda de protección oficial (VPO) la posibilidad de adquirir un suelo a precio tasado en el Ensanche de Vallecas.

Se acogieron a esta opción unas doscientas familias para unas viviendas que «se están construyendo actualmente», dijo la presidenta de la asociación de afectados, Elena Barrionuevo. Entre los afectados, hasta el momento reunidos en torno a una sola asociación mayoritaria, «hubo gente que, tras la cesión de esos terrenos, se sintió ofendida», señaló Barrionuevo.

Cuatro años después de confiar en la CPV para poder adquirir una casa, los responsables de la empresa fueron enviados a prisión a comienzos de noviembre de 2002. En concreto, los días 5 y 6 de noviembre de aquel año decenas de afectados se personaron en los juzgados de la plaza de Castilla mientras declaraban el director general, Francisco García Moreno; sus hijos Francisco Javier y Miguel Angel García, y el administrador de la promotora Miguel Angel Morillo del Pozo.

Muchos de ellos, como los de la imagen que ilustra esta página, portaban carteles que reproducían una portada de M2 titulada '¿Dónde está Francisco García?'. Cinco años más tarde, el próximo mes de abril, el proceso se retomará. Casi diez años después del adelanto de los ahorros de los afectados.