Desde luego, pueden esgrimirse argumentos de orden ético y razones de hecho para oponerse a su legalización: allí donde la prostitución ha sido regulada (Holanda, Alemania o Dinamarca) ésta se ha incrementado, presentándose como complemento de ocio o de turismo; tampoco ha desaparecido de la calle, ya que muchas mujeres no han querido registrarse tal y como requiere la ley; además, la posibilidad de obtener un permiso de trabajo como meretriz ha animado a las mafias de traficantes de personas a echar sus redes en países pobres. Siendo todo ello cierto, y partiendo de que no hay soluciones mágicas, creemos que el mal menor es legalizar la prostitución. Si ésta se contemplara como una actividad económica más, quienes la ejercieran tendrían los mismos derechos que cualquier trabajador, podrían salir de la clandestinidad y denunciar la situación de violencia y explotación que muchas veces sufren en sus actuales circunstancias. Un contexto de normalidad contribuiría también a paliar la inseguridad, la delincuencia y la sordidez que acompañan hoy a la prostitución. Al mismo tiempo, permitiría aplicar con mayor eficacia planes de reinserción y de formación laboral para buscar alternativas.

Seguir permitiendo el comercio sexual sin regularlo demuestra una gran hipocresía, como hipócrita es una de las recomendaciones que el PSOE lleva a la comisión parlamentaria: instar a los medios de comunicación a acabar con los anuncios de contactos. Al margen de que ello supondría inundar inmediatamente otros espacios (el ejemplo de Inglaterra, con las cabinas empapeladas con propaganda sexual explícita y a la vista de todos es muy elocuente), significa perpetuar la estrategia del avestruz ante el problema. Estamos ante una práctica que, guste o no, no desaparecerá y, como existe, requiere ser atendida. Pongamos, pues, todos los medios para regularla lo mejor posible. Para bien de las personas implicadas y de la sociedad en su conjunto.