Martes, 27 de febrero de 2007. Año: XVIII. Numero: 6281.
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CiU y PP deben defender la propiedad privada y buscar el consenso

La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada. A partir de ahí, que cada cual extraiga sus conclusiones acerca de la Ley por el Derecho a la Vivienda que se debatirá mañana en el Parlament. Uno de sus artículos defiende la expropiación por un periodo de seis años si se comprueba que un piso ha estado dos años vacío para obligar que éste salga al mercado en régimen de alquiler. Es decir, vulnera o paraliza temporalmente ese derecho.Tanto CiU como el PP consideran irregular ese punto y algunos más de los que integran el proyecto de ley y, en ese sentido, plantean una enmienda a la totalidad al texto defendido por el conseller ecosocialista Francesc Baltasar. Los nacionalistas intentaron ayer ponerle buena voluntad al asunto y plantearon al tripartito negociación a cambio de la retirada del controvertido artículo. Es la fórmula más inteligente cuando se trata del problema de la vivienda. Es cierto que CiU reacciona tarde a la hora de presentar medidas de gobierno -esa era una cuestión del pasado mes de octubre-, pero también lo es que desde la oposición se pueden cambiar algunas direcciones que se juzgan inconvenientes en la política de un Gobierno. Y en políticas de pisos, mejor que sean todos los partidos los que se pongan a trabajar por un fin consensuado a la cuestión. Al menos se evitarán textos excesivamente partidistas respecto a la concepción ideológica de las cosas, que siempre acaban por provocar políticas titubeantes en el tiempo: hoy una ley, mañana otra. Se deben hacer políticas que ayuden a los propietarios a potenciar el alquiler y no a castigarlo por el simple hecho de ser dueño de unos metros cuadrados.Y sólo una política concienzuda a largo plazo puede cambiar las cosas.

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