Fuentes judiciales explicaron que Inspección de Trabajo -que depende del Gobierno central- investiga si la dirección de la Escola de Policia de Catalunya, ubicada en Mollet del Vallès y que depende del Departament d'Interior de la Generalitat, «se presiona» a los docentes para que se den de alta como autónomos en la Seguridad Social. Ello supone un importante ahorro económico a las arcas de la administración catalana -tanto por los eventuales despidos como por las cotizaciones-. En este sentido, el volumen de trabajo en la Escola descenderá sustancialmente a partir de 2008, fecha en la que está previsto que finalice el despliegue de los Mossos d'Esquadra.

Además, el pasado mes de enero, el Parlament de Catalunya dio luz verde al proyecto de ley del Instituto de Seguretat de Catalunya (ICS), que unificará la Escola de Policia, la de Bomberos y de Seguridad Civil.

El diputado del PP catalán Daniel Sirera está a la espera de recibir una relación de las personas que han impartido clases en la Escola durante los últimos años para poder «llevar a cabo un mapa de las contrataciones de este centro». Asimismo, el diputado ha reclamado conocer con exactitud las cantidades percibidas por cada uno de los profesores en este intervalo de tiempo.

El diputado de Ciutadans José Domingo aseguró también que ha pedido la comparecencia del conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació para que «dé cuenta de este escándalo».

Fuentes judiciales explicaron que Inspección de Trabajo ha remitido a un departamento especial, dedicado a investigar a grandes empresas, el expediente abierto a la Escola. En este sentido, las citadas fuentes señalaron que podrían existir unas 2.000 contrataciones en fase de inspección. Desde el Departament d'Interior se reconoció la existencia de este expediente.