El Consejo está compuesto por 60 entidades que deben velar por el derecho a la vivienda en Barcelona. Algunas de estas organizaciones son la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Colegio de Abogados de Barcelona, el Consejo Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y la Fundación Un Sol Món, de la Obra Social de Caixa Catalunya. A pesar de que no es vinculante, el organismo debería ser un instrumento de generación de opinión y propuestas en torno a la política de vivienda de las administraciones públicas, que se han comprometido a tener en cuenta sus consideraciones.

Pero las elecciones para la alcaldía de Barcelona son el próximo 27 de mayo, exactamente dentro de dos meses, lo que complica en cierto modo la operatividad del consejo. Además, si se tiene en cuenta que este mismo consejo ya fue aprobado en el Pleno municipal del 26 de mayo del pasado año. En aquel entonces, en el consejo plenario, el presidente del Instituto Municipal de la Vivienda, Eugeni Forradellas, defendió la creación de este órgano, aunque advirtió de que «no solucionará todas las políticas pendientes en materia de vivienda de los últimos años», ya que, ello «también depende del Gobierno y de la Generalitat».

Sobre este Consejo se pronunció ayer el presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, quien denunció que llega «tarde» y que «no aporta ni suelo ni dinero» para construir pisos protegidos. Fernández Díaz indicó que «la oferta de vivienda social es insuficiente ante la actual demanda, como lo demuestran los últimos sorteos» de pisos realizados por el Ayuntamiento, según Europa Press.

El dirigente del PP indicó que el 94% de las viviendas públicas finalizadas en 2006 ya figuraban en el plan de promoción de la vivienda de protección de Barcelona 2000-2003, por lo que, en su opinión, «las políticas de vivienda del tripartito municipal son un cero a la izquierda».