CiU quiere participar en la revisión del proyecto de la Ley del Derecho a la Vivienda, pero quiere condicionar su presencia con la retirada de las dos medidas más controvertidas incluidas en el texto: la expropiación de pisos que estén vacíos durante más de dos años para ponerlos en alquiler y la prolongación del régimen de protección oficial hasta los 90 años.
La cuestión del «alquiler forzoso» es capital para que CiU no sólo intente el consenso con la ley, sino para facilitar la inclusión de la federación nacionalista en un Pacto Nacional por la Vivienda, una de las manos tendidas del Govern de José Montilla durante las últimas reuniones mantenidas con los máximos responsables de la oposición.
De hecho, la federación nacionalista iniciará el pleno de mañana miércoles en el que se debatirá la ley con una enmienda a la totalidad al texto remitido por el Departament de Medi Ambient i Habitatge a no ser que las dos medidas «coercitivas» caigan del texto. Pese a todo, el portavoz de CiU, Felip Puig, señaló que la normativa «es una declaración de buenas intenciones» y se mostró totalmente de acuerdo con otro tipo de actuaciones que «den seguridad a los propietarios para ponerlos en alquiler y que permitan que los pisos vacíos salgan al mercado de alquiler».CiU, según explicó, está dispuesta a participar por la mejora de la ley.
El diputado nacionalista Carles Sala fue más allá. Lamentó que el tripartito trate «como especuladores o presuntos delincuentes» a todos aquellos ciudadanos que tienen en propiedad más de un piso en propiedad. El diputado puso de relieve que, más allá de la normativa, es necesario trabajar en «paralelo» para sellar un gran pacto nacional para los próximos 15 años.
CiU aprovechó el debate de la ley en la cámara catalana para lanzar una bateria de medidas en materia de vivienda. Entre ellas figura pagar la mitad del alquiler de las parejas más jóvenes de 30 años, subvencionar una quinta parte del valor de la primera vivienda, promover la creación de vivienda de protección a través de precios más altos que los actuales todo un bloque de medidas para favorecer el alquiler de viviendas.
Ayudas con más ingresos
De hecho, CiU considera necesario elevar los límites de ingresos máximos para poder optar a las ayudas públicas que ofrece la Generalitat para poder acceder a la vivienda. Actualmente, el límite se sitúa en 3,5 veces el Iprem (símil catalán al salario mínimo interprofesional) y CiU considera que es necesario efectuar una gradación de ayudas posibles, pero elevando el límite a 6,5 veces el Iprem, lo que supondría casi generalizar algunas de las ayudas.
Asimismo, Felip Puig instó a luchar contra la sobreocupación en los pisos -los denominados pisos patera-a través de modificaciones en la Ley de Régimen Local. CiU considera que los ayuntamientos tendrían que impedir la inscripción en el padrón a aquellas personas que vivan en pisos sobreocupados. Asimismo, Puig apostó por endurecer las medidas para luchar contra el mobbing inmobiliario.
Felip Puig criticó al Govern por su escasa incidencia en la promoción de vivienda de protección oficial (VPO) e instó a la Generalitat a crear un parque público a través de pisos protegidos de alquiler.Si Montilla se comprometió a que la mitad de los VPO sean de alquiler, Puig pidió que fueran un 75%.