DANIEL G. SASTRE
BARCELONA.-
Ciutadans sigue empeñado en que las instituciones catalanas fomenten, tanto en sus comunicaciones con los ciudadanos como en aspectos como la rotulación, el bilingüismo que establecen los principales textos legales. En el próximo pleno del Parlament, el partido que dirige Albert Rivera interpelará al Govern acerca de «qué medidas impulsará para favorecer la relación de la Administración con los ciudadanos en las dos lenguas oficiales».
Consciente de que el resto de partidos les acusan de defender sólo el castellano, el líder de Ciutadans quiso ayer dejar claro que su grupo quiere atender a los requerimientos «tanto de un lado como del otro». «Queremos que, en los documentos, o bien se difundan todos en las dos lenguas o bien se pregunte al ciudadano en cuál prefiere recibir las comunicaciones», dijo ayer Rivera a este diario.
La voluntad de Ciutadans es que «todas las instituciones», tanto a nivel estatal como autonómico o municipal, se impliquen en esa defensa del bilingüismo. «Queremos acabar con algunos usos que se dan en la Administración. La mayoría de los departamentos de la Generalitat, por ejemplo, sólo están rotulados en una lengua», explicó Rivera.
También en el próximo pleno, el presidente de Ciutadans se dirigirá al presidente de la Generalitat, José Montilla, para que desvele «cuál sería la posición del Govern en el caso de que el Tribunal Constitucional anule algunos preceptos del Estatut de Autonomía de Cataluña». Rivera dijo ayer que, con la pregunta, su grupo «quiere poner en evidencia si la posición del Ejecutivo en este asunto es unitaria».
«Queremos saber si, tal como dijo [el portavoz del PSC, Miquel] Iceta, en el supuesto de que el TC modificase parte del texto el Govern sería partidario de modificar la Constitución», afirmó Rivera. El presidente de Ciutadans anunció que pedirá al president Montilla que «sea leal con el Estado», y que, sea cual sea la decisión que adopte finalmente el alto tribunal, «no se haga victimismo con la sentencia». También le solicitará que «aclare si el Estatut acabará su recorrido en el TC o si, según la resolución, se planteará recurrir a otras vías».
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