Los representantes de la plantilla ya están elaborando «un memorando con todo lo que ha ocurrido en los últimos meses». «Estamos desglosando adónde ha ido cada céntimo y adónde han enviado ese dinero público», explicó ayer el presidente del comité de empresa, Antonio Pina, en referencia a los 60 millones de euros que ha percibido Delphi en concepto de ayudas. Buena parte de ese dinero tenía como objeto la creación y el mantenimiento del empleo fijo en la factoría.

El comité no entiende la razón por la cual la compañía no ha incluido Puerto Real en su plan de reestructuración como una fábrica en venta. La hipótesis oficial es que Delphi quiere cerrar la planta de Cádiz porque otras factorías -Polonia, la India, Brasil y México- ya están preparadas tecnológicamente para asumir los productos de Puerto Real. La sospecha más grave que manejan sindicatos y técnicos es que «productos desarrollados en Cádiz con subvenciones de la Junta y el Gobierno central han pasado posteriormente a otras plantas con menor coste de mano de obra, como Krosno y Tichy, en Polonia»». «Y todo ello una vez completado todo el desarrollo y puesta en marcha, en perfectas condiciones de fabricación», apuntaba ayer el presidente del comité.

Cartera de pedidos

Los trabajadores recuerdan que la multinacional no ha tenido en cuenta a la planta de Cádiz desde 2005 «para la cotización de nuevos proyectos, a pesar de que Delphi Steering ha tenido la segunda cartera de pedidos más alta de toda su historia en el año 2006». Éste y otros argumentos figuraran en el informe que el comité remitirá en breve a la Junta de Andalucía.

Si de esa documentación se derivaran responsabilidades penales, el comité confía en que el Gobierno de Manuel Chaves las ejerza. «Tendríamos que ver esa información. Y si fuera así, tendríamos que acudir a cuantas instancias fueran oportunas», se limitó a decir ayer el delegado provincial de la Consejería de Empleo, Juan Bouza, quien visitó ayer las instalaciones de Puerto Real en compañía de un notario. Su misión era entregar al director de la fábrica, Gonzalo Herrera, una carta del consejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández. El destinatario último de la misiva es el máximo responsable del proceso de reestructuración de Delphi Automotive Systems Holding Incorporated (DASHI), John Sheehan.

Bouza afirmó que los datos que obran en poder de la Junta permitirían ratificar que la planta de Puerto Real es «rentable». En su carta dirigida a Delphi, el Gobierno andaluz recuerda que el procedimiento seguido hasta el momento -el envío de una escueta circular a cada empleado informándole de la clausura de la fábrica- infringe el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. La solicitud -recuerda la Junta- debe ir acompañada de un «plan de acompañamiento social que contemple las medidas adoptadas o previstas por la empresa», para evitar o reducir los efectos del despido colectivo.

En el escrito, el Gobierno autonómico también destaca «la existencia» de un acuerdo alcanzado con el comité. Éste contempla determinados compromisos en materia de empleo, que deberían mantenerse, al menos, hasta 2010. En este sentido, el responsable de Empleo advirtió ayer que «los incumplimientos» podrían ser constitutivos de delito.

De momento, el Gobierno andaluz se ha comprometido con UGT, CCOO y el comité de empresa a mantener un «frente común» para garantizar la continuidad de la actividad. Este pacto fue sellado en una reunión celebrada ayer por la tarde en Sevilla y a la que asistieron Manuel Chaves; los responsables de UGT y CCOO de Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, respectivamente; y el presidente del comité de empresa, Antonio Pina.

La crisis de Delphi será uno de los asuntos que Chaves presentará hoy en su entrevista con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta misma semana, los secretarios generales de Industria, Joan Trullén, y de Empleo, Antonio González, también viajarán a Sevilla para entrevistarse con responsables del Gobierno andaluz y buscar soluciones contra la crisis.

Ayer, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, reclamó por carta a Manuel Chaves, que alcance un acuerdo con el presidente del Gobierno en defensa de los puestos de trabajo en Puerto Real. El líder de los populares andaluces insta al presidente de la Junta a que demande a Rodríguez Zapatero un acuerdo entre ambas administraciones que «pase por la defensa de los puestos de trabajo y por la exigencia de responsabilidad ante las ayudas públicas recibidas por la empresa».

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, descartó ayer que se puedan pedir ayudas del nuevo fondo de ajuste a la globalización de la Unión Europea para los trabajadores afectados por el cierre de la factoría de Delphi en Puerto Real porque «no es un caso típico». El fondo europeo de ajuste a la globalización está destinado a proporcionar ayuda adicional a los trabajadores afectados por las consecuencias de cambios estructurales importantes en el comercio mundial, al objeto de ayudarlos a reintegrarse en el mercado laboral. El importe máximo anual asignado al fondo es de 500 millones de euros. «No es un caso típico en el sentido de que era un fondo que estaba concebido más bien para sectores globales y predeterminados, por lo tanto no es el caso que estamos hablando todavía. A lo mejor en el futuro sí, pero no todavía», dijo Solbes en declaraciones a la prensa a la entrada de la reunión mensual de ministros de Economía de la zona euro.

A juicio del vicepresidente, el «interés máximo» en el caso Delphi «sería conseguir que alguien pudiera seguir desarrollando esa actividad», y por ello anunció que el Gobierno apoyará todo lo que pueda a la Junta de Andalucía, que es «la responsable más directa de este tema, para lograrlo. Insistió además que para hacer frente a los problemas a los que se enfrentan los trabajadores de la factoría de Puerto Real «existen elementos de apoyo de naturaleza social que se aplicarán en el caso de Delphi como en cualquier otro».

Por otro lado, el europarlamentario de IU, Willy Meyer, ha denunciado que el cierre es un «atentado contra los derechos sociales de los trabajadores» y un «flagrante incumplimiento de la legislación laboral española».