El Ministerio de Justicia considera que se está vulnerando el derecho a la libertad religiosa, mientras los municipios se resisten y alegan dos motivos fundamentales: la escasez de terreno y que en el rito musulmán no se utiliza ataúd, lo que va en contra de la normativa sanitaria.

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Editorial en página 3

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) organizó en el último trimestre de 2006 unas conferencias en las que participó el Ministerio de Justicia para concienciar a los ayuntamientos sobre las necesidades de las confesiones minoritarias. El objetivo de las jornadas era formar a los empleados municipales sobre los derechos de las distintas confesiones en materia de libertad religiosa y las obligaciones que, por respeto a esos derechos, contraen los gobiernos locales.

Sin embargo, desde la FEMP manifestaron que el ritual de enterramiento de los musulmanes choca con la normativa española y que, por tanto, existe un problema de adecuación entre sus costumbres y nuestra legislación. De hecho, en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, que data de 1974, «se prohíbe la conducción, traslado y enterramiento de cadáveres sin el correspondiente féretro».

El problema para el millón de musulmanes que reside en España es grave, ya que los cementerios islámicos en España se pueden contar con los dedos de una mano. Así, en Madrid se encuentra uno creado por Franco para la Guardia Mora en la localidad de Griñón y existen parcelas habilitadas en los cementerios de Granada, Sevilla, Córdoba, Murcia, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Ceuta y Melilla.

«La reserva de espacio para construir templos y cementerios es una derivación del derecho a la libertad religiosa. Todas las confesiones religiosas tienen derecho a que los ayuntamientos les reserven parcelas. La negación por parte de los ayuntamientos de ese derecho fundamental tiene que estar motivada», manifestó a este diario el subdirector de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, Juan Ferreiro.

Según informó, su Departamento está trabajando para crear puentes entre los ayuntamientos y las comunidades religiosas y vencer los prejuicios, ya que, «por desgracia, hay una asociación indebida entre terrorismo e islam». «Hasta 1978, los únicos lugares de culto eran para la Iglesia Católica y todo lo que no es la religión católica se ve como algo extraño. El Estado es aconfesional y debe defender a todas las religiones por igual», declaró Ferreiro.

Como las competencias sanitarias están transferidas, cada comunidad ha adaptado el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria según sus necesidades y con disparidad de criterios. Así, mientras en Andalucía y Murcia se permite a los musulmanes que sigan su rito, es decir que sean enterrados mirando a La Meca y con el cadáver directamente bajo tierra -envuelto como mucho en una sábana-, en Valencia se les exige que utilicen féretro.

Según informó José Luis Cámara, jefe de gestión de residuos sólidos y limpieza del Ayuntamiento de Valencia, el cementerio general de la ciudad ha cedido a los seguidores de Alá una zona con 135 sepulturas. Pero, «todo el mundo se entierra con ataúd, porque así lo exige el Reglamento», explicó. El Consistorio pide además estar empadronado en Valencia para evitar el éxodo que se produjo en un principio desde otras comunidades, ante la escasez de necrópolis.

Mientras, los musulmanes critican la desidia de la Administración y censuran que en comunidades como Madrid o Cataluña, con una fuerte población marroquí, tan sólo existan dos cementerios. «La situación es desastrosa. Estamos ante un abandono total. Las autoridades no tienen vergüenza. Ni podemos enterrar a nuestros muertos ni tenemos una mezquita digna», denuncia el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí, Mohamed Alami. Según su relato, en el cementerio de Collserola en Barcelona los nichos destinados a los musulmanes son tan escasos que cada cierto tiempo los huesos se trasladan a otras fosas para dar cabida a nuevos cadáveres.

De la misma opinión es el presidente de la Junta Islámica, Mansur Escudero, que sostiene que el problema es preocupante. «El cementerio que hay en Granada está en condiciones penosas. No está ni vallado y repatriar los cadáveres cuesta miles de euros», destacó Escudero.

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas, Riay Tatary, atestiguó que llevan años negociando con el Ayuntamiento de Madrid y que están a punto de suscribir un acuerdo para que les cedan un terreno en el cementerio de La Almudena. Desde el Consistorio justificaron esta tardanza porque han tenido que dialogar con dos comunidades musulmanas diferentes que no se ponen de acuerdo entre ellas.

Se prohíbe la conducción, traslado y enterramiento de cadáveres sin el correspondiente féretro de las características que para cada caso se indican en este Reglamento. / Artículo 9 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.