A juicio del abogado Gonzalo Boye, son precisamente estas dos circunstancias las que, a su juicio, pueden distorsionar su actuación como perito. El tribunal aún no ha resuelto el incidente de recusación.

Moris es uno de los tres expertos designados por las acusaciones del 11-M, que actúan junto a otro designado por las defensas y a otros cuatro nombrados por las Fuerzas de Seguridad: dos de la Policía Científica y dos de la Guardia Civil.

Pese a su cargo en la AVT, Moris no es el perito de la Asociación, que ha designado a otro experto. Su nombramiento proviene de una quincena de víctimas representadas por los letrados Juan Carlos Rodríguez Segura y Manuela Rubio, que sí actúan habitualmente como abogados de la AVT.

Boye, por su parte, representa a una víctima chilena de los atentados. Este letrado, también de origen chileno, está condenado por colaborar con la organización terrorista ETA en el secuestro de Emiliano Revilla en 1988. Fue juzgado y condenado a una pena de 14 años.

Los peritos tienen previsto comunicar hoy al tribunal los resultados del análisis cuantitativo de los explosivos, el que determina la proporción en la que se encuentra cada componente. El pasado 13 de febrero, entregaron a la Sala el informe cualitativo, que indica cuáles son los componentes detectados.

En ese informe preliminar, tres de los cuatro peritos, entre ellos Moris, presentaron varias alegaciones que no fueron suscritas por los expertos de las Fuerzas de Seguridad. En ellas resaltaban las dificultades encontradas para determinar qué estalló en los trenes. En relación con el análisis cuantitativo, ya advertían que no podría ofrecerse la proporción en la que aparece cada componente, dada la poca cantidad conservada, por lo que «difícilmente» se podrá indicar de qué tipo de explosivo se trata.

A esa dificultad se sumaba, según los tres expertos, que el tipo de restos recogidos por los Tedax junto a los trenes no facilitaba los análisis. También indicaban que el lavado con acetona y agua que efectuaron los expertos en desactivación «hace suponer que algunos componentes del explosivo han desaparecido de las mismas casi en su totalidad, lo que impide hacer un análisis completo». En otro punto, subrayaban que las muestras se tomaron hace más de dos años y medio, y que la fecha de caducidad de los explosivos, en general no sobrepasa los 18 meses». Por último, resaltaban que las 24 muestras recogidas en los focos eran insuficientes para resultar representativas del explosivo empleado.