Luis del Pino
Ruido. Entramos en la semana del ruido. Ha concluido la declaración de El Egipcio con el interrogatorio de su abogado. Niega que sea él el que habla en esas cintas que grabó la policía italiana, cintas que dice, además, que están llenas de ruido. El tema es, en sí mismo, irrelevante. Sea o no El Egipcio quien en esas cintas se jacta de haber preparado el 11-M, lo cierto es que el jactancioso no tenía demasiada idea de qué estaba diciendo: los detalles sobre el atentado y sobre Leganés son contradictorios con los hechos. Simples palabras de alguien que presume de ser el responsable de algo que no ha hecho. Ruido también las declaraciones de Moussaten, que afirma ahora que las acusaciones contra su tío, Yousef Belhadj, le fueron dictadas bajo amenaza por la Policía. ¿Qué tiene todo esto que ver con los trenes? ¿De verdad sirve todo esto para conocer a los autores de la masacre?
Marruecos. Más interesante ha sido la declaración de Bouharrat, uno de los miembros de esa subtrama (junto con Afalah, Bouchar y Mohamed Belhadj) a quien se relaciona con los servicios secretos marroquíes. De nuevo resulta dudoso que esto nos lleve a los trenes, pero, ¿qué papel jugaron esos servicios de nuestro amigo del sur en el montaje del teatro de Leganés? ¿A quién se encargó alquilar el piso? ¿Qué fue lo que sucedió en él? Inseguro y nervioso, Bouharrat contradice sus declaraciones anteriores. Da la sensación de saber más de lo que cuenta. O de estar mintiendo por encargo. Tiempo al tiempo.
Recusación. Pero el foco se desplaza, gradualmente, hacia fuera de la sala. Los análisis de los explosivos han dinamitado los fundamentos de la versión oficial. No es de extrañar, por tanto, que los nervios estén empezando a causar estragos. Hoy, uno de los abogados de la acusación, Gonzalo Boyé, ha decidido recusar a uno de los peritos que están realizando el análisis de los explosivos, por ser padre de una víctima del 11-M. Podían haber recusado a ese perito desde el principio, porque la identidad de Gabriel Moris es suficientemente conocida, tanto ahora como antes. Pero sólo ahora se les ocurre hacerlo. Está claro que el tema va mal para la versión oficial de los hechos. Resulta curiosa, además, la identidad del recusador. ¿Puede alguien que ha cumplido condena por colaboración con ETA ejercer de acusación? ¿Qué plazos de inhabilitación establecen las leyes? La versión oficial se derrumba por momentos y la partida se va a volver cada vez más sucia.
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