A. Y.
MADRID.-
En 1998, durante el Gobierno de José María Aznar, el Parlamento aprobó una ley para devolver a los partidos políticos los bienes y derechos que les fueron incautados durante la Guerra Civil. Pero, como hasta ahora no se ha cumplido, los grupos Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Convergència Democrática de Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya han solicitado que sea modificada para recibir lo que dicen que les pertenece. El Congreso decidirá hoy si estudia estas tres peticiones.
IU-ICV, CiU y ERC han visto cómo se ha devuelto el patrimonio incautado a los sindicatos, o una compensación económica -el año pasado recibió una importante cantidad de dinero la Unión General de Trabajadores- mientras ellos esperan a que les den lo suyo.
Uno de los problemas a los que se han enfrentado es la dificultad para demostrar, según se exige en la ley de diciembre de 1998, que son propietarios de determinados inmuebles.
Para resolver este escollo, CiU y ERC solicitan en sus proposiciones de ley que se flexibilicen los requisitos exigidos ahora. No piden que por una simple solicitud les den un determinado inmueble o un derecho, pero quieren resolver los casos en que es muy difícil aportar todo lo que se les exige para demostrar que son las mismas formaciones políticas que eran propietarias de esos bienes cuando fueron incautados entre 1936 y 1939.
ERC plantea, por ejemplo, que en los casos en que no exista ningún documento que acredite la propiedad, sirvan de prueba los testimonios de personas actuales o de aquella época con los que se pueda demostrar de manera «directa o indirecta» quiénes eran los dueños.
El grupo de IU-ICV da un paso más y plantea no sólo la devolución de los inmuebles y derechos a sus propietarios, sino también que puedan recibir indemnizaciones quienes tenían arrendados esos edificios y tuvieron que salir de ellos porque fueron incautados.
En los casos en que los inmuebles no existan y haya que indemnizar económicamente a los partidos políticos que eran sus propietarios, lo que se plantea en las proposiciones de ley que va a debatir hoy el Pleno del Congreso es que su valor sea revisado para acomodarlo al nivel de vida actual, tal y como se establece en la ley aprobada en el año 1998.
El asunto es muy complicado, porque los partidos políticos no sólo tenían numerosos locales en toda España, sino también depósitos y cuentas bancarias que fueron incautados por el régimen de Franco.
Fuentes parlamentarias indicaron ayer que el Pleno del Congreso decidirá hoy, salvo sorpresas de última hora, tramitar estos tres proyectos de ley, aunque posteriormente trabajarán para aprobar debatir finalmente un único texto.
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, explicó ayer que el proyecto de ley que ha presentado su formación forma parte del conjunto de iniciativas que defienden en relación con la recuperación de la memoria histórica.
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