El Ministerio de Asuntos Exteriores estudia la apertura de expediente contra los dos diplomáticos destituidos el pasado lunes de sus respectivos puestos en las embajadas de París y Londres. En el caso de Gaudencio Villas, destinado en la capital británica, el expediente sería remitido previsiblemente al Ministerio de Administraciones Públicas. En ambos casos, la cúpula de Exteriores niega que tanto la destitución como el previsible expediente tengan como motivación la actividad sindical de los dos funcionarios pertenecientes a la Asociación de Profesionales de la Carrera Diplomática (APCD), el sindicato minoritario y más combativo de la carrera diplomática.
Gaudencio Villas y Carlos Murillo, este último presidente de la asociación rebelde, recibieron la notificación de su cese por teléfono el pasado viernes después de que se hubiera convocado en la sede del Ministerio una reunión extraordinaria de la Junta de la Carrera en la que, tal y como ha confirmado el subsecretario del Departamento, Luis Calvo, se decidió por unanimidad retirar las competencias a los dos diplomáticos y ordenarles el regreso a Madrid en el plazo máximo de un mes.
Oficialmente, Villas fue destituido y será expedientado por haber expresado, a través del correo electrónico interno del Ministerio, su opinión desfavorable a la gestión del subsecretario, máximo responsable de la política de personal.
En concreto, el diplomático descalificaba duramente la práctica de los traslados forzosos al exterior, especialmente a plazas con duras condiciones de vida o peligrosas. Desde la cúpula del Ministerio se argumenta que resulta inadmisible que un consejero destinado en Londres asegure «a todo el mundo» que se le «pisotea».
En el caso de Carlos Murillo, destinado en París, la destitución se explica, según fuentes oficiales, por su enfrentamiento con el embajador, Francisco Villar, «el mal clima que ello suscitaba en toda la legación» y la negativa del diplomático a cumplir con cometidos que él no creía entre sus obligaciones.
Desde la APCD, el sindicato al que ambos pertenecen, se da una versión diferente. La APCD no tiene dudas de que las destituciones, que ellos interpretan como la «máxima sanción» que se puede aplicar, no tiene otra explicación que la incomodidad que representa para el Ministerio la existencia de una asociación de diplomáticos «minoritaria pero legal» que «lucha contra un sistema [de provisión de puestos de trabajo] que no actúa con parámetros racionales» y que incluso algunos de sus miembros califican de «preconstitucional».
Estas dos destituciones, acontecidas a 20 días de que se celebren las elecciones sindicales del servicio exterior en Madrid, y a tres meses de que se lleven a cabo en las circunscripciones del extranjero (Gaudencio Villas iba a ser el número uno de la lista APCD-Sisex por Londres y Carlos Murillo, número uno por París), han provocado una nueva convulsión entre los miembros de la carrera diplomática. Como ya sucedió cuando el diplomático Miguel Angel Vecino, destituido como consejero de la embajada de España en Canadá, decidió enfrentarse a la dirección del Ministerio querellándose por vulneración de derechos fundamentales e impugnando el reparto de puestos diplomáticos en el exterior (excepto los de embajador) correspondiente al año 2006.
El cruce de reproches y acusaciones, la mayoría maquilladas con un lenguaje políticamente correcto y trufadas de citas y referencias a grandes personajes de la política exterior, no hacen sino poner de manifiesto la tensión entre diplomáticos. En varios de esos correos se acusa a la APCD de «airear» los asuntos internos de la carrera en los medios de comunicación.
Por su parte, la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), mayoritaria y de corte oficialista, arremete en un comunicado contra la actitud de su rival, la APCD, a la que acusa, igual que la dirección del Ministerio, de «escudarse en una representación sindical en torno a asuntos que nada tienen que ver con ella». «En todo caso», añade el citado comunicado, «dada la inquietud que está creando este asunto y la trascendencia pública que está adquiriendo, la Junta Directiva de la ADE estima que sería muy útil que el Ministerio proporcione los elementos de juicio necesarios para aclarar la situación».