No estamos ante un problema menor. De una parte, muchos musulmanes están repatriando cadáveres a sus países de origen para que puedan descansar para siempre conforme a sus creencias. De otra, la fragmentación legislativa pone en evidencia que los derechos de las personas son distintos en cada autonomía, lo que ha dado lugar incluso a un efecto frontera: personas fallecidas en una comunidad han sido enterradas en la vecina, donde sí hay cementerios musulmanes. Para corregir esta situación, algunos ayuntamientos, como el de Valencia, exigen ahora que sólo se sepulten en su municipio a las personas que estén empadronadas en él.

Puesto que la tendencia es que crezca la población musulmana en España y es lógico que la problemática aumente con el paso del tiempo, la Administración tendría que realizar un esfuerzo y darle una solución, igual que se ha hecho en materia educativa o sanitaria. Habilitar terrenos para facilitar que una confesión con tantos adeptos pueda satisfacer sus preceptos, de la misma forma que se han levantado mezquitas, es una posibilidad que debería contemplarse. Ahora bien, la legítima aspiración de la población islámica a ser sepultada según sus costumbres no puede situarse por encima de la ley, que ha de ser de obligado cumplimiento para todos. Si los criterios de salubridad indican que el enterramiento sin ataúd es desaconsejable y, por tanto, se determina su prohibición, no cabrán excepciones. Así lo han entendido, por otra parte, algunos musulmanes, que aceptan ser enterrados en los lugares de acogida bajo ese requisito. Todos, pues, han de poner de su parte: las administraciones y los propios implicados.