La regularización extraordinaria de inmigrantes llevada a cabo en 2005 permitió frenar el número de personas extranjeras que trabajan en la economía sumergida. Es más, desde hace dos años, se observa un descenso del 21,4% de las personas que dicen trabajar en economía sumergida.
La entidad AMIC, federada con la UGT, presentó ayer su informe anual sobre inmigración. Este organismo proporciona información a los inmigrantes y en 2006 creció significativamente, llegando a poseer 56 oficinas por todo el territorio catalán y un total de 23.550 usuarios. Ha sido entre todos los extranjeros que han acudido a AMIC para informarse que la asociación ha realizado un informe sobre cómo ha afectado el proceso de regularización de la inmigración realizado en 2005.
De este informe se desprende el significativo descenso de la economía sumergida, que ha pasado, según la asociación, del 32% en el 2005 al 10,60% en el 2006, y se ha observado asimismo un aumento de las reagrupaciones familiares, «lo cual habla de la voluntad de permanencia», señaló ayer la presidenta de AMIC, Raquel Gil.
Según el documento, los inmigrantes son jóvenes (más de un 70% tiene entre 18 y 40 años, y un 25% es menor de 25) y proceden mayoritariamente de Marruecos, Ecuador y Rumanía. Sólo un 5,23% de la población no tiene ningún tipo de estudios, y más del 60% los tiene de nivel básico o medio. Estas cifras demuestran que «muchos se encuentran realizando trabajos por debajo de su cualificación profesional», indicó Gil, quien añadió: «Muchos de los jóvenes que llegan no pueden optar a un trabajo digno por temas de capacitación o convalidación».
AMIC también ha observado que han bajado las consultas sobre la tramitación de las primeras autorizaciones de trabajo, y, en cambio, han aumentado significativamente las modificaciones del tipo de permiso.
«Durante 2006, lo que más se ha requerido es modificar el tipo de permiso de residencia en el tipo de permiso de trabajo», contó la secretaria de Política Institucional de la UGT de Cataluña, Eva Granados. Y denunció que «muchas veces, la tramitación de la modificación de ese permiso dura casi un año, con lo cual los inmigrantes se ven empujados muchas veces hacia la economía sumergida para subsistir».
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