Esquerra aprobó ayer una moción que presentará el próximo 6 de marzo ante el pleno del Ayuntamiento de Girona en la que solicita «la derogación de la Ley Antiterrorista y de la Audiencia Nacional española (heredera del Tribunal de Orden Público franquista)».
La formación republicana hará llegar esta petición también al Ministerio de Justicia, al del Interior, a la Fiscalía General del Estado, a la propia Audiencia Nacional, a la Conselleria d'Interior de la Generalitat y a la familia y al abogado de Núria Pòrtulas, una joven encarcelada por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional por los supuestos delitos de pertenencia a banda armada y tenencia de explosivos.
Fuentes de Esquerra aclararon ayer que cuando piden «la derogación» de la Audiencia Nacional, lo que solicitan es que este Tribunal no tenga capacidad de actuación en el territorio catalán. Según el portavoz de ERC, Joan Ridao, esta posibilidad ya está contemplada en el nuevo Estatut, cuyo artículo 95 establece que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña será «la última instancia jurisdiccional» en esta comunidad.
La petición de Esquerra se produce a raíz de la detención y posterior encarcelamiento de Pòrtulas, una joven vecina de Sarrià de Ter (Girona), ocurridos a principios de este mes de febrero. La chica, a la que se le ha aplicado la Ley Antiterrorista, declaró ante el juez de la Audiencia Nacional el pasado día 9 y permanece en prisión provisional hasta que se efectúen nuevas diligencias relacionadas con su caso, sobre el que pesa el secreto de sumario.
En la moción aprobada ayer, ERC expresa su «preocupación por la situación generada, por la falta de información que ha tenido la familia [de la detenida] y por la situación de aislamiento que ha vivido Núria los primeros días de su detención».
Además, los independentistas exigen «el respeto para la presunción de inocencia de Núria [Pòrtulas] y el final de la situación de prisión provisional, así como la clarificación justa del caso de manera definitiva».
Pòrtulas fue detenida el pasado 7 de febrero en la casa okupa Can Rusc donde residía en el barrio de Pont Major de Sarrià de Ter por los Mossos d'Esquadra. La Policía catalana registró también el domicilio de sus padres en la misma localidad, donde confiscaron ordenadores y diversa documentación.
A Pòrtulas se la relaciona con otro joven, Juan Antonio Surroche, de ideología anarquista, quien también está en prisión y pendiente de ser extraditado a Italia, donde se le acusa de haber prendido fuego supuestamente a tres vehículos de la compañía ferroviaria italiana.
Durante el registro en la casa okupa donde vivía la joven detenida, los Mossos confiscaron una agenda en la que la chica había consignado algunos detalles sobre los Departamentos de Treball y Justícia de la Generalitat.
En estas notas se especificaba que en la puerta de una de estas conselleries había un guardia de seguridad, por lo que la Policía sospechó de la posibilidad de que la detenida estuviese recopilando información para atacarla.
La defensa de Pòrtulas alega, sin embargo, que la joven tomó las notas porque estaba buscando trabajo en una de estas consellerias, ya que con anterioridad había sido celadora en un edificio oficial.La chica también había trabajado como monitora de la agrupación escolta Pare Claret de Girona.
El 8 de febrero, la detenida fue trasladada a Madrid e interrogada por el juez Pedraz de la Audiencia Nacional, quien decretó prisión ante un posible riesgo de fuga. Esquerra denuncia que la familia de la chica no pudo visitarla hasta el día 11 de febrero «cinco días después de su detención». «A partir de su detención ha surgido un movimiento ciudadano a Sarrià de Ter, Girona y otras poblaciones de apoyo a la liberación de Núria y a la aclaración de su detención», añade la moción de los republicanos.