Arias Cañete aludió a la llamada disposición adicional número 27 mantenida en la Ley 62/2003 de 30 de diciembre que exige autorización gubernamental a toda empresa pública extranjera que intente entrar en el sector energético español. Esta norma fue introducida por el Gobierno del PP para impedir que el gigante estatal francés Electricité de France se apoderara de las empresas españolas privatizadas.

Según esta disposición, el Gobierno y la Comisión Nacional de la Energía (CNE) deberán pronunciarse sobre Enel y lo más probable es que no lo hagan a tiempo para la junta extraordinaria de accionistas del próximo día 20. Pero aún con ese hecho, E.ON lo tendrá difícil. Por eso, Arias Cañete, aseguró que «el intervencionismo del Gobierno español puede arruinar a los accionistas de Endesa».

En su opinión, la entrada de Enel perjudicará «a millones de accionistas españoles que podrían obtener ingresos de más de 30.000 millones de euros» por sus participaciones en Endesa», al verse posiblemente privados de la OPA. El ex ministro de Agricultura considera «carente de sentido que España haya liberalizado y privatizado su sector energético y ahora vuelva a recaer en manos públicas y, además, extranjeras».

«Error crasísimo»

Miguel Arias advirtió en un comunicado oficial sobre «las consecuencias inaceptables» que conllevará esta operación, ya que, cuando el Gobierno y la administración española regulen a Endesa estarán regulando a un Gobierno, si le impone una sanción, le impondrán una sanción a un Gobierno y si discuten con la empresa, estarán discutiendo con un Gobierno», en alusión al italiano.

El portavoz económico parlamentario del PP, Vicente Martínez Pujalte, calificó de «error crasísimo» permitir la entrada de Enel. Tanto él como Arias Cañete pidieron la comparecencia urgente del ministro de Industria, Joan Clos.