El Gobierno del PP dejó claro en todo momento que la entrada en España de empresas energéticas públicas no sólo estaba bien vista, sino que requería el beneplácito de la Administración. El Ejecutivo popular sólo le abrió las puertas a dos compañías, eso sí, las más pequeñas de todo el sector eléctrico y después de numerosos avatares, como la larguísima guerra por Hidrocantábrico. Cedió el grupo asturiano a la portuguesa EDP y permitió a Enel quedarse con la cántabra Viesgo. Ambas suman en torno al 8% del mercado eléctrico. Son una buen plataforma para crecer en España, pero carecen del poder que ostentan sus hermanos mayores: Unión Fenosa y, sobre todo -por cuestión de tamaño-, Iberdrola y Endesa.

Para EDF, la península Ibérica es el más codicionado de los mercados regionales. El valor de la compañía francesa supera con creces los 100.000 millones de euros, tres veces superior al tamaño de Iberdrola o Repsol YPF. Cuenta con 161.000 empleados y está presente en 25 países.

Inquietud en el parqué

La entrada de Enel en Endesa también provocó inquietud en el mercado bursátil. El posible fracaso de la OPA de E.ON podría derrumbar la cotización de la eléctrica española. El valor se vería afectado no sólo por la retirada de una oferta tan jugosa como la alemana (por el 100% del capital); también por la segura batalla jurídica que emprenderá la empresa con sede en Dusseldorf si no logra hacerse con su propósito de comprar Endesa.

El socio de Analistas Financieros Internacionales, Arturo Rojas, aseguraba ayer que el fracaso de la OPA alemana sería un «mal asunto para los accionistas de Endesa, que previsiblemente verían caer el precio de sus acciones, según informa Europa Press.

La jefa de análisis de Self Trade Bank, Alicia Jiménez, recordaba que el precio ofertado por E.ON (38,75 euros) significa pagar «mejor que bien» los títulos de Endesa. En este sentido, dudó de que la operación de Enel vaya a favorecer los intereses de los accionistas españoles.