Eso debió pensar Carlos Cañada, un camionero de Barcelona que fue detenido por tenencia y tráfico de explosivos y se vio de la noche a la mañana ante la Audiencia Nacional, respondiendo de su posible implicación en los atentados más sangrientos que han sacudido España. Junto a él, fue detenido Miguel Angel Plaza, acusado de mediar en la misma operación de compraventa de sustancias explosivas.

Y es que los cartuchos de dinamita Goma 2 ECO que incautó la Guardia Civil corresponden, según sostiene la Fiscalía, al lote X7D013, que fue enviado a Asturias en el primer semestre de 2003 y que tiene «idénticas características técnicas» en dimensiones y peso «que los restos hallados y utilizados por los siete terroristas islámicos que se inmolaron» en Leganés el 3 de abril de 2004.

Más aún. Los detonadores eléctricos confiscados a los procesados son también de las mismas características que algunos de los que fueron sustraídos en la mina Conchita, en la localidad asturiana de Belmonte de Miranda, y que luego fueron utilizados por los islamistas.

Lo cierto es que el Juzgado Central Número 1 de Madrid mantuvo durante cuatro largos meses el secreto de sumario sobre las actuaciones, a la espera de conocer los resultados de la prueba pericial que realizaron dos peritos de la Guardia Civil, especialistas del departamento de Química del Servicio de criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil.

La Fiscalía considera que Cañada y Plaza concertaron con una tercera persona, «la fuente» -testigo protegido- la entrega de explosivos a cambio de precio en un bar de Cornellá. El 21 de noviembre de 2005 se llevó a cabo la entrega de los dos cartuchos de Goma 2 ECO y dos detonadores, por los que iban a cobrar 600 euros.

La Guardia Civil no les detuvo hasta febrero, a la espera de seguir la pista de los explosivos. No se aclaró mucho más. Sólo lo suficiente para pedir cinco años de prisión para cada uno.