El Tribunal de la UE confirmó la sentencia de su corte de Primera Instancia de junio de 2004, al no considerarse competente en el caso e insistir en que los demandantes ya están protegidos por la Justicia española.

«Los recurrentes no pueden sostener válidamente que se han visto privados de toda tutela judicial», dice la sentencia publicada ayer, «la Unión se basa en el principio del Estado de Derecho y respeta los derechos fundamentales como principios generales del Derecho comunitario». El escrito indica que los demandantes deben dirigirse a los tribunales españoles si quieren recurrir su inclusión en la lista, algo que «incumbe a los Estados miembros y, en concreto, a sus órganos jurisdiccionales», que deben ser los que dicten, si fuera necesario, sobre la posible «reparación».

La corte de la UE no puede, en cualquier caso, conceder compensaciones económicas en esta denuncia. Los portavoces de Gestoras, Juan Mari Olano y Julen Zelarain Errasti, y de Segi, Araitz Zubimendi Izaga y Aritza Galárraga, no obtendrán así ni la indemnización de 100.000 euros por la violación de su libertad de expresión ni el millón que solicitaban para cada organización. Además, el Tribunal condena a los grupos a pagar las costas del proceso al Consejo de la UE (España, la otra parte representada en el juicio, prefiere ocuparse de sus gastos).

La lista negra, a la que pertenecen 50 grupos, desde Hamas o los Halcones del Kurdistán hasta las Brigadas Rojas italianas, y 54 individuos, supone para los Veintisiete la obligación de cooperar policial y judicialmente para detener a sus miembros, además del compromiso político -no vinculante- de no mantener contactos con los grupos señalados. Sólo en el caso de las organizaciones no europeas, además, el elenco implica la congelación de sus fondos.

Segi y Gestoras tal vez tenían más esperanzas de que el Tribunal cambiara su posición -hasta ahora constante en cada sentencia de este tipo-, tras una decisión a favor del grupo iraní opositor de los Mujahedín del Pueblo y que ha obligado a los Veintisiete a justificar los nombres incluidos en la parte de la lista no europea. En diciembre, la corte dictó que se estaba violando el derecho a la defensa de los iraníes, que no fueron informados de los motivos de su pertenencia a este elenco con repercusiones económicas (ahora, el Consejo de la UE ya les ha mandado una carta con sus argumentos). Según fuentes comunitarias, la mayoría de los grupos no europeos se han introducido a propuesta de Reino Unido con pocas explicaciones.

Los casos de la UE, en particular los españoles, se han acordado, en cambio, con más cuidado. Aunque no existe registro de las reuniones donde se deciden los integrantes de la lista creada tras el 11-S para colaborar con la Administración Bush en la lucha contra el terrorismo, los representantes españoles han argumentado sus propuestas con sentencias firmes de condena. Si esta parte de la lista se reelabora, según fuentes de la UE, ETA, Batasuna, Jarrai y otras organizaciones afines son los nombres que, jurídicamente, menos posibilidades tienen de ser recurridos.

A Gestoras y Segi se les acaba la vía comunitaria, aunque aún esperan la sentencia sobre la ilegalización de Batasuna del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (el órgano judicial del Consejo de Europa, independiente de la UE), prevista para los próximos meses.