En principio, se trataría de normas que puedan afectar de alguna forma a competencias autonómicas de Cataluña, pero, en la práctica, la inmensa mayoría de los asuntos tienen algún tipo de repercusión sobre actividades de la comunidad.

Obviamente, el compromiso es recíproco y también la Generalitat asume el compromiso de consultar al Gobierno las normas que vaya a aprobar. Se hará a través de la subcomisión de Seguimiento Normativo y de la Prevención de Conflictos que saldrá de la Comisión Mixta Estado-Generalitat constituida anteayer. El objetivo es el de reducir la conflictividad ante el Tribunal Constitucional.

El procedimiento será que, cuando se produzca en el Consejo de Ministros la primera lectura de un anteproyecto se convocará la Subcomisión Mixta. No habrá derecho de veto de los representantes de la Generalitat, pero sí la capacidad de ser consultados.

Multilateralidad

Las comisiones mixtas entre el Estado y cada una de las comunidades ya funcionan de forma relativamente fluida desde que se crearon las comunidades. Se trata de un modelo que combina la multilateralidad con la bilateralidad posterior. Por ejemplo, el sistema de financiación autonómica debe aprobarse por todos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero luego debe ratificarse en cada una de las comisiones mixtas. Otro ejemplo: todas las comunidades aprobaron el acuerdo sobre financiación sanitaria de la Conferencia de Presidentes, salvo Extremadura que en su comisión bilateral lo rechazó expresamente.

No obstante, con la aprobación del Estatuto de Cataluña se dota a esa Comisión Mixta de mayor contenido, hasta crear una relación bilateral que ninguna otra comunidad tiene. Una atribución nueva es la de la consulta de los anteproyectos de ley y otra la de pactar las inversiones y la financiación de Cataluña, según los criterios incluidos en el Estatuto ya en vigor. En esa comisión con Cataluña están, por parte de la Generalitat, el consejero de Economía, Antoni Castells; el consejero de Gobernación, Joan Puigcercós; el delegado del Gobierno catalán en Madrid, Raimon Martínez Fraile; la secretaria general del Patronat Català pro Europa, Anna Terron, y el director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Jaume Galofré. Por parte del Estado, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla; el secretario de Estado para la Unión Europea, Alberto Navarro; el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña; el secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación, Víctor Morlán; la secretaria de Estado de Cooperación, Ana Leiva, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel.

En breve el Gobierno tendrá que constituir comisiones similares, aunque con menores funciones, con Valencia, Baleares y Andalucía, que acaban de aprobar sus estatutos. Con ellas habrá que empezar a discutir el traspaso de cada una de las competencias nuevas que asumen con sus estatutos. En el caso de Cataluña, la Generalitat pide un total de 40 que, según el Gobierno, exceden con mucho el texto del Estatuto.

Negociación prolongada

La negociación de cada una de ellas deberá hacerse con cada uno de los ministerios y se prolongará hasta bien entrada la próxima legislatura, hasta que se aprueben en Consejo de Ministros. Lo más difícil es la valoración económica de cada una, que requerirá transferencias financieras a Cataluña.

Además, el Gobierno trabaja ya en una Ley de Participación y Cooperación que regule las formas de relación incluidas en esos estatutos, especialmente el de Cataluña. Por ejemplo, la manera en la que la Generalitat participa en las relaciones con la UE o en las organismos del Estado. Esa ley modificará otras normas aprobadas por las Cortes que requieren adaptación para poder desarrollar y aplicar el Estatuto de Cataluña.