La normativa que enmarca estas sanciones por no rotular en catalán parte de la Ley de Política Lingüística, aprobada en 1998 bajo el mandato de CiU. No obstante, el Ejecutivo de Jordi Pujol nunca llegó a hacer uso de esta herramienta.

La reedición del tripartito significó una reubicación de la Agencia, que pasó a depender de Economía y Finanzas, que dirige el socialista Antoni Castells. Aun así, uno de sus mayores impulsores siempre ha sido el republicano Josep Huguet. La Agència Catalana del Cosum ha sido la entidad más sancionadora del tripartito en sus primeros años de Gobierno llegando a recaudar casi 170.000 euros desde 2003 a 2005.

En ese periodo, la Agencia realizó un total de 3.632 inspecciones por infracciones de esta clase, que terminaron únicamente en 143 multas. La tendencia es exponencial: si en 2003 sólo se contabilizaron dos expedientes sancionadores, un año más tarde fueron 22 los comercios multados, y en 2005 la cifra llegó hasta los 119.