A esa Sala, de la que por ley deben formar parte los magistrados más modernos del Supremo, ha de incorporarse el fiscal Manuel Marchena, elegido magistrado de la Sala Penal el 31 de enero a propuesta del sector mayoritario. Ese mismo día fue promovido a la Sala Penal el juez Luciano Varela, a propuesta de la minoría.

La aplicación del artículo 347 de la LOPJ determina que sea Marchena, y no Varela, quien deba incorporarse a la Sala del 61. Este precepto establece que los juristas que accedan al Supremo «se incorporarán al escalafón de la carrera judicial ocupando el último puesto de la categoría de magistrado del Supremo», con una antigüedad de 15 años. Este criterio legal fue explicado a los vocales de la minoría por el secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez Padrón, encargado de tramitar los nombramientos, en una reunión celebrada el pasado jueves.

El presidente del Consejo, Francisco Hernando, pidió a Rodríguez Padrón que explicara a los vocales propuestos por el PSOE el orden de nombramientos de magistrados del Supremo tras el tumultuoso encuentro que, 24 horas antes, en el despacho de Hernando, durante el cual el vicepresidente, Fernando Salinas, llegó a acusarle de «manipular» y «alterar» la composición de la Sala del 61.