En el citado documento, que ha sido remitido al abogado del primer edil del Ayuntamiento moganero y al que ha tenido acceso EL MUNDO, se dice textualmente que «no cabe la entrega de resolución judicial de detención de las personas a las que representa al no haberse dictado la misma, los cuales fueron puestos a disposición de este juzgado después de su detención policial». Dicho escrito también hace referencia a la primera teniente de alcalde, Onalia Bueno, que fue detenida el mismo día que González.

Esta circunstancia pone en evidencia la actuación policial, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal «prohíbe las detenciones sin orden judicial una vez abiertas diligencias judiciales».

Las dudas respecto a la legalidad de las detenciones practicadas por agentes de la Policía Nacional no existen, sin embargo, respecto a los registros realizados en el Ayuntamiento y domicilios particulares de los imputados, ya que en este caso sí existía la orden judicial pertinente.

La alarma se ha disparado y los servicios jurídicos del PP estudian si son las segundas detenciones ilegales realizadas en democracia, después de la de dos militantes populares que participaban en una manifestación de apoyo a las víctimas del terrorismo por una supuesta agresión al entonces ministro de Defensa, José Bono.

Los populares apuntan a la subdelegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, como la máxima responsable política de la acción policial. Darias, precisamente, ha sido designada como número dos en la lista del ex ministro Juan Fernando López Aguilar.

Fuentes del PP confirmaron también que el delegado del Gobierno en las Islas, José Segura, ha mostrado en determinados círculos su desconocimiento de estas actuaciones, respecto a las cuales la subdelegada y el jefe superior de la Policía no le habrían informado.

Por su parte, el alcalde de Mogán, Francisco González denunció ayer el «interés estrictamente político» de la actuación policial, e insistió en que su detención fue «ordenada por la Policía, ya que no hay un auto judicial» al respecto.

Para González, se trata de una medida «desproporcionada», y con el único objeto de «dañar» al PP. «El juez sólo ha ordenado los registros y la Policía me ha detenido cuando le ha dado la gana», señaló González. «Detener al alcalde de Mogán, donde las encuestas daban al PP una mayoría absoluta clara», era el primer paso, según él, para «ir más allá», en alusión al presidente de los populares canarios, José Manuel Soria.

El caso Góndola investiga presuntas irregularidades en torno al convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Mogán y la empresa promotora Anfi-Tauro. González presentó ayer ante los medios de comunicación facturas, convenios y acuerdos plenarios que avalan, según aseguró, la legalidad de las actuaciones.