El fiscal jefe pidió a la corte, fundada en 2002 en un intento de promover la Justicia universal, que dicte órdenes de arresto contra Ahmed Harun, ministro de Interior en 2003, durante el apogeo del conflicto entre los yanyauid, la milicia árabe acusada de haber asesinado, con la ayuda del Gobierno, a decenas de miles de africanos negros, y contra Alí Kushayb, líder de la guerrilla en el Oeste de Sudán.

Harun sigue en el Ejecutivo de Jartum como viceministro de Asuntos Humanitarios y es responsable de gestionar a los refugiados de un conflicto que, se estima, ya ha provocado más de 200.000 muertos y al menos dos millones de desplazados.

«La evidencia muestra que actuaron juntos, con el objetivo común de conducir ataques contra las poblaciones civiles», dice el escrito del fiscal, que acusa a los dos hombres de 51 cargos, incluidos asesinato, violación, tortura o secuestro, y promete seguir la investigación para alargar la lista de responsables de lo que la ONU considera un genocidio, un término, sin embargo, ausente en la declaración de ayer. «Harun reclutó a milicianos con el pleno conocimiento de que, durante los ataques con las fuerzas del Ejército sudanés, cometerían crímenes contra la Humanidad y de guerra», explica Moreno-Ocampo en su escrito de acusación, que recoge algunas afirmaciones de Harun, como la de que todos los niños de Darfur se habían convertido en «rebeldes» y, por lo tanto, en «botín» para los yanyauid.

El coronel de los coroneles, Kushayb, participó directamente o autorizó algunas de las atrocidades cometidas por sus hombres, como las de una noche de diciembre de 2003, cuando su milicia y las fuerzas del Gobierno apresaron a un grupo de mujeres, según el testimonio de una superviviente. «Las desnudaron, los hombres las ataron a los árboles con las piernas separadas y las violaron repetidamente. La testigo dice que fue violada por entre 10 y 25 hombres», afirma el texto del fiscal. El Gobierno de Sudán, que niega su colaboración con la guerrilla, aseguró ayer que el Tribunal de La Haya no tiene competencias sobre su país y que el fiscal sólo ha obtenido su información de «mentiras de gente que tiene armas contra el Estado». Moreno-Ocampo explica que ha trabajado durante 20 meses para recoger los testimonios de un centenar de personas en 17 países.

El ministro de Justicia sudanés, Mohamed Alí al-Mardi, dijo ayer que el Gobierno no permitirá que ningún sospechoso sea procesado en La Haya. «Son sudaneses y no dejaremos que sean juzgados en ningún tribunal fuera de Sudán», proclamó en rueda de prensa.

Según el ministro, el jefe de los yanyauid fue detenido en noviembre y está siendo interrogado en Jartum por sus acciones en Darfur, mientras que su ministro está libre de toda culpa. Sudán no se encuentra entre el centenar de países que reconocen la autoridad de la corte internacional, pero tiene que someterse a su jurisdicción porque el Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido la apertura del proceso por el genocidio (el único supuesto en que no importa que el Estado haya ratificado o no la jurisdicción de la corte).

EEUU, Rusia y China, que no aceptan el tribunal y tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad, permitieron que se investigara el caso de Sudán, donde el Gobierno también sigue resistiéndose a dejar el control de Darfur en manos de las fuerzas de paz de Naciones Unidas.

Javier Solana, quien ha mediado ante la Unión Africana para que facilite la transición hacia las tropas de la ONU, dijo ayer «apreciar» la decisión de la corte que los europeos siempre han respaldado. «La paz en la región de Darfur, donde se cometieron crímenes de particular gravedad, no puede fundarse en la impunidad», defendió el jefe de Política Exterior de la UE en un comunicado.

El caso se puede seguir ampliando en los próximos meses, aunque incluso el fiscal reconoce que su tarea es casi «misión imposible». En su lista de sospechosos, al principio de la investigación, había una cincuentena de personas, contra las que aún le faltan pruebas. Hasta ahora, el Tribunal, que empezó su vida con lentitud y muchos obstáculos en julio de 2002, se ha centrado en conflictos africanos, aunque aspira a convertirse en algo más. «Nuestro trabajo -dijo ayer el fiscal- envía una señal: quienes cometen atrocidades no lo harán con impunidad».