La nueva ley, que será debatida a partir de ahora en comisión, ha sido aceptada por todos los grupos, puesto que ninguno de ellos presentó enmiendas a la totalidad. El conseller de Política Territorial y Obres Públiques, Joaquim Nadal, explicó que el objetivo de la ley es reforzar los mecanismos de control, supervisión, seguridad y transparencia de las obras públicas de la Generalitat y de los entes locales «en todas las fases, desde la planificación hasta la ejecución total», informa Efe.

En el articulado se concretan los sujetos que participan en la obra y sus responsabilidades y, además, se obliga a la Generalitat a planificar todas las obras y proyectos en un plazo de cuatro años, así como a hacer una programación anual.

Esta ley estaba prevista en las resoluciones aprobadas como conclusiones de la comisión de investigación sobre el hundimiento del túnel del Carmel, ocurrido en enero de 2005 mientras se realizaban obras de ampliación de la línea 5 del Metro, aunque el Govern debía elaborarla en un plazo de seis meses y no de dos años, lo que ha sido muy criticado por los grupos de la oposición.

Según el conseller Nadal, la nueva ley es la primera que se hace de estas características en Cataluña, y clarificará el proceso de contratación y ejecución de las obras públicas, lo que «permitirá acabar con la opacidad que pudiese existir» en este ámbito.

Por su parte, CiU y PP presentarán enmiendas parciales al proyecto para impedir que la norma burocratice en exceso el proceso para llevarlas a cabo y que ello retrase su ejecución. No obstante, la oposición está de acuerdo con las líneas generales del proyecto, que incrementa el control sobre las obras públicas, informa Europa Press.

El diputado de ERC Pere Vigo dijo que la ley debe servir «para construir mejor, pero no para construir más». Dolors Clavell (ICV-EUiA) apuntó que la nueva ley «definirá mejor las responsabilidades que tiene cada uno» durante la construcción de obra pública, para no repetir la «confusión» tras el hundimiento de un túnel del Metro en el barrio barcelonés del Carmel, que motivó este proyecto.

Según los partidos del Govern tripartito, la ley también regula y limita la subcontratación, aunque ICV-EUiA anunció que presentará enmiendas para restringir aún más esta práctica.

Aunque valoraron positivamente el proyecto, los tres partidos de la oposición criticaron el retraso con el que se presenta, porque el anterior tripartito se había comprometido a llevarlo al Parlament seis meses después de la catástrofe del Carmel.

Josep Rull (CiU) también instó al Govern a «mejorar su gestión de las obras públicas», porque «sólo una ley» no puede terminar con todas las deficiencias. En este sentido, criticó que en sólo 40 días se hayan producido incidentes como la aparición de grietas en El Prat y el hundimiento del túnel de Vielha.

Dolors Montserrat (PP) señaló que la ley debe contemplar garantías adicionales de seguridad, «no sólo para construcciones subterráneas, sino para cualquier infraestructura de gran calado».

También José Domingo (C's) criticó que el proyecto sea «tan celoso con las responsabilidades de los contratistas y no tanto con la de los cargos públicos».