El conseller d'Habitatge, Francesc Baltasar, aseguró ayer en los pasillos del Parlament que «no hay nada inamovible, todo es discutible», en relación a este precepto de la norma, que se discutió ayer en el pleno de la Cámara catalana, al que se oponen CiU y PP.

La idea de Baltasar es la de lograr el máximo consenso posible para esta normativa, que pretende, sino solucionar, al menos paliar el problema de la escasez de pisos y de la dificultad para acceder a la vivienda que sufre una buena parte de la ciudadanía como consecuencia de lo disparatado de los precios.

El conseller aprovechó su intervención en el pleno para asegurar que el Govern buscará «la máxima colaboración» y que tendrá «la mano extendida buscando la cooperación y la solidaridad». También insistió en que es voluntad del Ejecutivo catalán lograr «un auténtico pacto nacional de largo alcance para que, quien lo desee, esté presente y sea protagonista».

Los 72 votos del tripartito tumbaron las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición a este proyecto de ley que, por tanto, se continuará tramitando. Sin embargo, no es descartable que el Govern llegue a un acuerdo con CiU y PP en esta materia -con Ciutadans ya ha acercado posiciones- si elimina la expropiación de pisos vacíos, que permite a la Generalitat alquilar durante seis años los pisos que hayan permanecido desocupados más de dos años.

No obstante, Baltasar afirmó que «casi nadie» ha criticado esta iniciativa de entre los numerosos sectores sociales a los que su departamento ha consultado para redactar la ley. El Govern ha escuchado a consumidores, organizaciones juveniles, entidades asistenciales vinculadas con la vivienda, agentes inmobiliarios, entidades financieras y municipalistas y colegios profesionales, entre otros expertos, para elaborar el texto.

Además de la polémica expropiación, la ley recoge otras medidas para lograr que haya más pisos disponibles. Así, promete dar «garantías» a los propietarios para animarles a que alquilen al asegurarles el cobro de las rentas y la reparación de los desperfectos que pueda provocar el inquilino.

También propone otorgar subvenciones para que los pisos en mal estado puedan ser rehabilitados y posteriormente incorporados al mercado de alquiler. La Generalitat se compromete incluso a gestionar el alquiler en algunos casos y evitar así al propietario todo tipo de incomodidades.

La nueva norma detecta también otra situación irregular o «anómala», la denomina «infravivienda» y se produciría en aquellos casos en que un piso no cumple los requisitos mínimos para ser habitado.Para «erradicar» estas situaciones, el proyecto de ley apuesta por reforzar la inspección y por poner en marcha programas que impidan que este tipo de espacios sean vendidos, alquilados o cedidos como viviendas.