El alto tribunal estudiará los recursos interpuestos contra la sentencia, dictada en noviembre de 2005, en una vista pública cuyo tribunal estará compuesto por los magistrados Joaquín Jiménez, Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Andrés Martínez Arrieta y Carlos Granados como ponente de la resolución que se dicte.

El fiscal del Tribunal Supremo solicita la rebaja de la pena impuesta a cuatro de los 10 condenados por la malversación de fondos del Consorci de Turisme de Catalunya, entre 1993 y 1995, entre ellos, Carme Fargas, la viuda del ex director del Consorci Joan Cogul. Para la Fiscalía, algunos procesados merecen una circunstancia atenuante muy cualificada por haber reparado el daño con el pago de indemnizaciones anterior a la celebración del juicio que les acabó condenaNdo. Los abogados defensores de los condenados también solicitan la revocación de la sentencia de primera instancia.

Paradójicamente, el proceso podría haber concluido hace mucho tiempo si hubiera prosperado la iniciativa de la Fiscalía de lograr un pacto de conformidad con los acusados. El cambio de gobierno en Cataluña llevó a un cambio en la asistencia letrada de la Generalitat, que modificó su posición en la acusación que ejercía y que rechazó la posibilidad de un acuerdo entre las partes forzando la celebración de un largo juicio.

La sentencia recurrida ahora en casación fue dictada por la sección Décima de la Audiencia de Barcelona. De la lectura de la resolución se desprende que el caso Turisme fue un caso de corrupción en el seno de la Administración Pública entre 1993 y 1995, cuando Cogul dirigía el Consorci que depende del Departament de Turisme.

Y lo fue porque, según la sentencia, Cogul actuó siguiendo indicaciones de sus superiores en el Departament o bien de responsables de Unió Democràtica, formación en la que militaba.

La sentencia también consideró probado que en 1998, cuando la Fiscalía inició la investigación de los hechos «un responsable o responsables del partido político Unió Democràtica decidieron retribuir a Cogul y a su esposa a fin de que no revelasen la existencia de tales indicaciones».

La resolución condenó a diez de los 12 procesados por malversar hasta un millón de euros procedentes de dinero público, y fijó penas de hasta tres años y seis meses de prisión a los empresarios que se beneficiaron de la trama a través de la facturación de estudios falsos o innecesarios y a la viuda de Cogul, que también se lucró.

El tribunal también destacó «la circunstancia» de que casi todos los acusados compartían con Cogul la militancia en Unió Democràtica, y el hecho «notorio» de que en aquella época la mayor parte de los altos cargos de Turisme eran desempeñados por miembros de Unió.

Se da la circunstancia de que dos de los condenados en este procedimiento, Santiago Vallvé y Víctor Lorenzo Acuña, mantienen vínculos personales con el diputado de Unió Democràtica Josep Sánchez Llibre: mientras el primero es amigo personal del político, el segundo fue concuñado suyo. Vallvé y Lorenzo Acuña están procesados también en el caso Farreres, pendiente aún de juicio.