Ayer, una semana después de que las TV privadas acusaran a Cultura de echarse en brazos de los productores en la negociación del borrador, cuyo periodo de alegaciones finalizó hace unos días y que debería salir hacia la Cortes a mediados de abril, los exhibidores aparecieron en escena cual elefante en una cacharrería.

Dureza máxima, y amenaza incluida: ésta, «la ley de las subvenciones a los productores» amigos, es un «cúmulo de despropósitos» que «sólo acoge las peticiones de los productores de forma desmedida» y que «olvida» a los exhibidores, por lo que éstos se disponen a «mostrar la fuerza» de sus 4.000 pantallas.

«Hemos llegado a nuestro límite», señaló Rafael Albero, director general de la Federación de Cines de España (FECE). «En anteriores legislaciones éramos invisibles, ni siquiera existíamos, pero con este proyecto nacían nuestras esperanzas... Pero el borrador es inasumible: no contiene ni una sola de nuestras peticiones, nos deja frustrados».

Tanto los dueños de las salas como las TV apuntan a los productores agrupados en FAPAE como muñidores del texto junto a Cultura. Las cadenas acusan a autoridades y FAPAE de prenegociar bajo la mesa con la participación clave de Fernando Lara, director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), que oficiaría de agente doble.

Los exhibidores tienen otro importante agravio que quieren sea aliviado. En una sentencia sin precedentes en todo el mundo, el Tribunal de Defensa de la Competencia multaba hace unos meses a las cinco multinacionales de la distribución por monopolizar el mercado con tácticas mafiosas y extorsionar a las salas para imponer sus éxitos. La resolución llamaba a los poderes públicos a evitar la situación, pero, según FECE, «esta Ley se lava las manos».

En realidad, el borrador dice que se fijará un tope a pagar por los exhibidores a las majors: no más de la media europea. FECE entiende que «eso es una vaguedad inservible», y estima que habría que fijar una cifra concreta: el 48%.

Hay otra reivindicación histórica: la supresión de la cuota de pantalla, que obliga a proyectar una película española o comunitaria por cada tres foráneas (o más bien estadounidense). FECE desveló ayer que se ofreció a aceptar dicha cuota a cambio de otra concesión, «pero, como desoyen absolutamente nuestras aportaciones, ahora retiramos la oferta», dijo Albero.

«Avaricia»

Para FECE, la cuota es «una subvención no al cine español, sino a unos productores que no hacen películas que interesen al público. Un sector privado no puede subvencionar a otro sector privado como el de la producción y no recibir ayuda a cambio», señaló Albero.

Los propietarios de las salas acusan a los productores de «avaricia», porque «están más cerca del Gobierno, ya que éste siempre ha entendido el cine como cultura [y no como industria]», dijo Albero.

El golpe sobre la mesa de negociación escenificado ayer abre una estruendosa posibilidad en el horizonte: que los cines de toda España se pongan en huelga como sucedió por primera vez en 1994: «Nada está decidido, pero no se puede obviar el peso de 126 millones de espectadores», aseguró Albero. Continuará.