Consisten en media docena de diputados que, desde la bancada de la derecha, dispara una ráfaga de preguntas sobre el nuevo ministro de Justicia, que incluyen expresiones que aluden a su «incapacidad para ocupar el cargo», su «pérdida de credibilidad», su «soberbia», su «crispación», su tono «trasnochado y totalitario» y su supuesta condición de «ministro fugitivo», entre otras.

El protagonista principal de ese género parlamentario es Mariano Fernández Bermejo, que responde -solo o en compañía de otros- con ironías ácidas, con versos y con algunas expresiones de calado político e institucional.

Así, ayer no sólo ratificó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tiene legitimidad en su composición actual, sino que fue más allá, dio una vuelta más a su argumentación y defendió que, hasta que sea renovado, debe abstenerse de tomar más decisiones que las de puro trámite; y, por ejemplo, no hacer nombramientos que podrían ser recurridos.

Citó dos artículos de sendos catedráticos de Derecho Administrativo en Expansión -uno de ellos, Jaime Rodríguez Arana, ex alto cargo del PP- que sostenían que «en esta situación de prórroga parece razonable que el alcance de las decisiones del Consejo se ajuste a los actos de ordinaria administración, dejando las decisiones de mayor relevancia para el nuevo Consejo que haya de venir», y «no debería actuar como si fuera un órgano en las condiciones de legitimidad normal, porque su mandato está agotado; no debería tomar decisiones de tanto calado, tal y como nombramientos de cargos judiciales, porque podrían ser recurridas».

Explicó que algunas ya han sido recurridas «alegando falta de legitimidad», y añadió que «en funciones no debe hacer esos nombramientos por riesgo de que pierdan legitimidad». Aseguró también que el Consejo ya sólo tiene 18 miembros, aunque la Constitución dice que deben ser 21», y dijo: «Se nos pueden jubilar todos y no tienen legitimidad, porque pasó el plazo de cinco años para el que estaban nombrados».

Lo de la jubilación de todos sonó como una advertencia, ya que miembros del Gobierno son partidarios de forzar la dimisión de los vocales de la minoría progresista, para dejar inutilizado el Consejo y forzar así su renovación. Una maniobra similar se produjo hace años cuando el CGPJ lo presidía Pascual Sala.

Bermejo se felicitó de que la nota emitida ayer por el CGPJ hable de legalidad del Consejo, no de legitimidad, que es lo que él puso en cuestión.

Desde el PP, Eduardo Zaplana le pidió infructuosamente que rectificara esta tesis; Jorge Fernández le acusó de hacer concesiones a los terroristas y le exigió que condenara la guerra sucia y los GAL; y Ana Torme le dijo que «con los socialistas la democracia siempre se deteriora».

Bermejo, que en dos semanas se ha encasillado en su papel estelar de azote de la oposición y ha conseguido ya ser recibido con expectación en el Congreso, tuvo ayer el respaldo de Alfredo Pérez Rubalcaba. El Gobierno decidió proteger a su ministro de Justicia y el de Interior le hizo un quite y asumió tres de las seis preguntas dirigidas a Bermejo, a pesar de que se referían a declaraciones de este último.

Como ayer todo estaba dentro del género de las tardes con Bermejo, el tono siguió con Rubalcaba y éste terminó recitándole a Angel Acebes versos de Gustavo Adolfo Bécquer, convenientemente adaptados a la ocasión: «¿Mentira? ¿Y usted me lo pregunta? Mentira es usted, señor Acebes».

«Ministro suplente»

A José María Michavila, diputado del PP, recordman de ausencias parlamentarias y representante de estrellas de la canción, le dijo: «Le agradezco que entre gira y gira de Shakira venga aquí».

Y a Jaime Ignacio del Burgo le llamó «intrépido reportero» por su entrevista a uno de los procesados por el 11-M, le acusó de defender a éste y le reprochó que hayan puesto en cuestión a la Guardia Civil.

Antes, distintos diputados del PP le llamaron «suplente de Bermejo», aseguraron que el Gobierno esconde al titular de Justicia y, con evidente doble sentido, le preguntaron si tenía a su compañero «en el banquillo».

Tanto Bermejo como Rubalcaba respondieron también a preguntas e interpelaciones relacionadas con la Ley de Partidos, y ambos insistieron en que se impedirá la presentación de Batasuna si no condena la violencia y que vigilarán el resto de listas. Reiteraron que no hay motivos para instar la ilegalización del PCTV.