El Gobierno está instando a los ayuntamientos a que cedan terreno para que el millón de musulmanes que reside en nuestro país pueda ser enterrado según su rito, es decir, sin ataúd y mirando a La Meca, como publicó el martes este diario.

Sin embargo, los ayuntamientos se resisten con uñas y dientes y alegan la escasez de terreno y que el ritual islámico vulnera la normativa sanitaria, que especifica que los enterramientos siempre se deben realizar con ataúd.

Mientras tanto, los bancos marroquíes y españoles y las aseguradoras han visto claro el negocio y se han lanzado a captar a estos nuevos clientes. Todas las delegaciones de los bancos marroquíes en el extranjero, el Banco Popular marroquí o el Banco Comercial, ofrecen seguros para el traslado de los cuerpos a su lugar de origen. Esta modalidad también triunfa en países europeos como Francia, Bélgica y Holanda, donde existen antiguas y numerosas comunidades marroquíes.

En ocasiones, el seguro de repatriación se ofrece como reclamo para atraer y fidelizar a los inmigrantes. Así, la Caja de Ahorros de Bilbao y Vizcaya ha lanzado campañas en las que se prometía a los extranjeros tres envíos de remesas, una tarjeta de débito y un seguro de repatriación, de manera gratuita.

La Caixa también posee un seguro que ofrece «repatriación rápida en caso de fallecimiento por cualquier causa, con la cobertura de los costes derivados del regreso del cuerpo del asegurado hasta el mismo lugar del entierro». La prima anual depende mucho de la edad del interesado y la cantidad que quiera asegurar, pero la entidad bancaria ofrece seguros de bajo coste a partir de seis euros al mes.

Sin embargo, desde las asociaciones de marroquíes critican que las repatriaciones de cadáveres rondan los 9.000 euros, lo que no está al alcance de cualquiera.

«La repatriación de cadáveres es costosísima. Los bancos y aseguradoras quieren sacar tajada porque no tenemos suelo para enterrar a nuestros muertos. Es una industria que cada vez va a más», denuncia el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí, Mohamed Alami.

Desde la Junta Directiva de esta asociación han escrito una carta al rey Mohamed VI para pedir la dimisión del embajador de Marruecos en España, Omar Azziman, ante el abandono que sufren los marroquíes en la Península: «Somos la comunidad más marginada y peor tratada de toda España. Los marroquíes tenemos los derechos pisoteados y la representación diplomática no nos defiende», criticó Alami.

La demanda de los musulmanes de tener lugares de culto y enterramientos propios viene recogida en los acuerdos de cooperación firmados entre el Estado español y la Comisión Islámica de España en 1992. El Ministerio de Justicia está intentando ahora reactivar esos convenios, que han estado durante muchos años sin ejecutarse.

En los acuerdos se reconoce «el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos», y también que se adoptarán las medidas oportunas para la observancia de las reglas islámicas.

Sin embargo, según el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, vigente en la actualidad y que data de 1974, «se prohíbe la conducción, traslado y enterramiento de cadáveres sin el correspondiente féretro».

Desde el Centro Cultural Islámico de la M-30 de Madrid aseguraron a este diario que los musulmanes están dispuestos a ser enterrados con ataúd. «Queremos resolver un problema acuciante. Los musulmanes siempre hemos acatado las normas y no nos importa ser enterrados con caja. Si uno cumple con sus obligaciones dentro de un país y paga sus impuestos, a cambio tiene sus derechos. ¿Acaso los musulmanes no se merecen esto?», se preguntó el portavoz de la mezquita de la M-30, Mohamed el Afifi.

El Ayuntamiento de Madrid y las comunidades musulmanas llevan 10 años negociando para la creación de un cementerio islámico con escasos resultados. La concesión iba a realizarse a la Mezquita de la M-30, pero algunos no vieron con buenos ojos que este centro cultural, que está sufragado por Arabia Saudí, se hiciese cargo de la necrópolis y entró en escena la Unión de Comunidades Islámicas, que preside Riay Tatary. Desde el Consistorio alegaron que la mala relación entre ambas comunidades musulmanas, que no se ponen de acuerdo, es lo que ha causado la falta de entendimiento.