La iniciativa de los vocales propuestos por el PSOE no puso en dificultades al grupo mayoritario, al que se sumó Agustín Azparren. Además, no asistió Alfons López Tena, por lo que en la primera sesión del CGPJ en la que la mayoría se halla en precario (el pasado viernes se jubiló uno de sus integrantes, Enrique Míguez), el presidente, Francisco Hernando, no tuvo que estrenar su voto de calidad.

El fiscal Manuel Marchena y el juez Luciano Varela fueron elegidos el 31 de enero magistrados de la Sala Penal, cada uno a propuesta de un sector del CGPJ. Uno de los dos debe integrarse en la Sala del 61, encargada de la ilegalización de Batasuna. La Sala del 61 se renueva cada vez que se producen nombramientos en el Supremo porque debe estar conformada por los magistrados más modernos de cada una de las cinco Salas.

Por aplicación del artículo 347 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde a Marchena, promovido por el sector mayoritario, integrarse en la Sala llamada a pronunciarse sobre las posibles listas electorales que pretendan suceder a Batasuna en los comicios de mayo. El citado precepto establece que los juristas que accedan al Supremo ocuparán «el último puesto» en el escalafón del Alto Tribunal, asignándoseles una antigüedad de 15 años (Varela, procedente de la carrera judicial, tiene una antigüedad de 32).

«Les consta»

Pese a que este criterio fue explicado a los vocales de la minoría en una reunión celebrada el pasado jueves con el secretario general del Consejo, Celso Rodríguez Padrón, encargado de la tramitación de los nombramientos, el sector minoritario ha insistido en reclamar explicaciones al presidente, al que ha llegado a acusar de «manipular» y «alterar» la composición de la Sala del 61.

Hernando llevó ayer al Pleno un escrito en el que afirma que a los vocales de la minoría «les consta» que sus únicas intervenciones son fijar el orden del día de la sesión del CGPJ en la que se van a producir los nombramientos y señalar la toma de posesión en el Supremo.

Para lo primero, el «criterio objetivo y contrastable» es la fecha de las vacantes. Las tomas de posesión se han regido «en todos los casos» por la fecha de los decretos de nombramiento. No obstante, para poner de manifiesto la «diáfana claridad» del asunto, Hernando ha encargado un informe al secretario general.

En un escrito difundido tras el Pleno, los vocales de la minoría aseguraron que no buscan «atacar ni desprestigiar» a Hernando e insistieron en que «no se ha satisfecho» su pretensión de conocer los criterios en el orden de los nombramientos.