MADRID. - Jamás lo tendrá tan fácil un alumno para hacer novillos, con los padres en casa jaleando la estampida del aula y hasta prometiendo, llegado el caso, la enésima videoconsola a cambio de que te fumes la clase de Educación para la Ciudadanía.
A caballo entre el legítimo desacuerdo y la protesta temeraria, una treintena de organizaciones educativas y sociales de muy diversa representatividad se juntó ayer para mostrar su disgusto por la nueva materia que trae la Ley Orgánica de Educación (LOE) y anunciar respuestas desconocidas hasta ahora. Lo soltó así Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética: «Proponemos a los alumnos mayores de 16 años que, al amparo del Tribunal Constitucional, se nieguen a asistir a las clases de la asignatura».
El ariete anunciado abre camino a un ramillete de medidas insurrectas que avanza detrás, todas en la misma línea: la objeción de conciencia a la materia se dirige también a los padres (a los que se les facilitará un modelo para objetar); a los profesores se les pide que ejerciten la «libertad de cátedra frente a contenidos que violenten sus conciencias», y a los dueños de los centros se les emplaza a no rendir la bandera y a manifestar bien alto su «disconformidad con la materia».
Padres azuzando a los hijos a no asistir a una clase. La escena sería inédita y, de cristalizar el llamamiento de ayer, comenzará a verse en el curso 2008-09, cuando el calendario de aplicación de la norma lo permita.
«Los padres tenemos derecho a decidir qué educación queremos para nuestros hijos», señalaba Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa). «Esta materia es propia de regímenes totalitarios».
«Configuración moral»
«La asignatura es un instrumento de adoctrinamiento», sentenciaba Urcelay. «Estamos ante un tema grave que afecta a la sociedad y que va a determinar la configuración moral de los españoles en su conjunto».
El histórico llamamiento a las pellas, el capote puesto a los novillos, pone los ojos en el toro -noble para unos, cojitranco para otros- de Educación para la Ciudadanía. Guste o no, lo bendijo el Parlamento a fin de cuentas. La flamante asignatura de la LOE tendrá que impartirse en tres cursos de la enseñanza obligatoria: en 5º o 6º de Primaria, en uno de los tres primeros cursos de la ESO y en 4º de la misma etapa. Estará a pleno funcionamiento en todos los niveles en el curso 2009-2010.
Aunque la asignatura fue repudiada inicialmente al unísono en el Consejo Escolar del Estado, la verdad es que la Concapa y la organización empresarial Cece se han quedado solas en este órgano consultivo del Gobierno, donde todas las organizaciones, al final, han acabado aceptando la materia.
El caso es que hasta la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza -patronal que engloba a cerca de millón y medio de alumnos y al 90% de los centros religiosos que hay en todo el Estado- aprueba hoy en día la asignatura, cuyos contenidos han logrado limar después de horas negociando duramente con el Gobierno.
No hay convocatoria de manifestación ni intención de acudir a los tribunales en la treintena de organizaciones que ayer levantó la voz. No obstante, el solo anuncio de que muchos padres, algunos titulares de centros y hasta un colectivo de profesores hayan decidido promover las pellas entre los estudiantes provocó, puestos en contacto con el Ministerio de Educación, un silencio de varios segundos al otro lado del teléfono.
«No me perece la vía correcta para discrepar de esto empujar a las familias a realizar actos como la objeción de conciencia, que, por cierto, tiene una regulación muy específica», declaró la ministra Mercedes Cabrera a la prensa.
Alejandro Tiana, secretario general de Educación, puso en solfa que el Constitucional avale este tipo de actuaciones -tal y como aseguran los indoblegables de ayer-, señaló a este periódico que es una «irresponsabilidad grave jugar con estas cosas» y advirtió de que una «falta de asistencia reiterada» tendrá, obviamente, «efectos en la puntuación y la titulación».
LOS CONTENIDOS QUE RECHAZAN LOS CRITICOS
Según la treintena de colectivos, que la materia hable de «la condición humana», «la identidad personal» o la «construcción de la conciencia moral» supone una «intromisión ilegítima del Estado en la educación moral de los alumnos».
Educación para la Ciudadanía hace hincapié en no discriminar por la «orientación afectivo-sexual». Los críticos consideran que esto es «imponer la ideología de género» y acusar de «homófobo» a quien abogue por la heterosexualidad.
«[La materia] no admite la existencia objetiva y permanente de la verdad y el bien», arguyen los contrarios a la asignatura, «sino que hace depender lo bueno y lo malo de los consensos que puedan conseguirse».
«Silencia completamente las tradiciones religiosas y la existencia de Dios», sostiene la treintena de organizaciones.
En Secundaria, la materia recoge como criterio de evaluación «participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las relaciones escolares». Los críticos dicen que se «insiste en una concepción inadecuada de la democracia en la escuela».
Señalan que contenidos como la «Declaración de Derechos Humanos, la Constitución o el funcionamiento del sistema político pueden incorporarse a otras asignaturas como Conocimiento del Medio o Ciencias Sociales, o darse transversalmente».
