Una parte de los residuos biosanitarios fueron incinerados con arreglo a la legislación vigente en materia de sanidad mortuoria y «otra parte» de los residuos biosanitarios humanos hallados en la clínica fue traslada por el Seprona «para su estudio por parte del forense», según la Dirección General de Salud Pública. La inspección de la clínica se llevó a cabo tras una denuncia el pasado mes de junio del Partido Social Europeo junto con la Federación Internacional de Médicos Católicos, según informa Europa Press.

Indignación de la clínica

La portavoz de la clínica Isadora, Empar Pineda, dijo ayer a Efe que pedirá una reunión inmediata con el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, para expresar su indignación por el hecho de que el departamento de Salud Pública publicara que se deshicieron de restos humanos como si fueran residuos porque no es verdad.

Pineda afirmó que el centro médico, que realiza interrupciones de embarazo desde 1993 «cumpliendo la legalidad absolutamente en todos los términos», se encontró con un cambio de categoría en la clasificación de los residuos de la clínica por parte de la Consejería de Sanidad sin ningún tipo de aviso. «Creíamos que cumplíamos la legalidad, porque nadie nos ha dicho lo contrario, y tanto Sanidad como Medio Ambiente tienen constancia absoluta de lo referente a nuestra gestión de residuos», catalogados como de clase 3. Agregó que «si la Comunidad, por lo que sea, a partir de ahora, decide que pasamos a catalogar en categoría 4 y seguir un procedimiento distinto, no es nuestro problema, podían habérnoslo dicho».

Tras indicar que Isadora trabaja «con la misma autorización» que las otras tres clínicas de Madrid autorizadas a practicar abortos de bajo y alto riesgo -hasta un máximo de 22 semanas-, explicó que en 1993 era el Ayuntamiento de Madrid el encargado de recoger los residuos y a partir del 1996 «fue la Consejería de Medio Ambiente la que se responsabilizaba de la gestión y control de los restos».