Nueve meses antes, el 27 de febrero de 1989, la ciudad dormitorio de Guarenas -a 25 kilómetros de la capital- atardecía con un estruendo de cacerolas procedente de los cerros, la zona más pobre de esta localidad. Un paquete de medidas económicas negociadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aprobadas por el ex presidente Carlos Andrés Pérez colmó la paciencia de los excluidos, ese 70% de venezolanos que vivía -y todavía vive- en casas de adobe mientras observaba como el resto de la población se engullía los petrodólares en Miami.

El incremento de los servicios básicos, el recorte del gasto público, la congelación de sueldos y el aumento de la gasolina prendieron la mecha de esta protesta popular, que se extendió por la Gran Caracas y finalizó con pillajes y asaltos de comercios. El Gobierno decretó el estado de emergencia y la Ley Marcial, que derivó en una batalla campal entre el Ejército y los más pobres durante casi tres días.

Dieciocho años después de este suceso, el Gobierno bolivariano de Hugo Chávez ha desempolvado esta epopeya popular conocida como El Caracazo para reclamar a EEUU la extradición de Carlos Andrés Pérez, de 84 años, presidente de Venezuela de 1974 a 1979 y de 1989 a 1993. El Ministerio Fiscal anunció que esta petición se realizará cuando concluya el informe. En este sentido, el Defensor del Pueblo recordó también que, aunque el ex jefe de Estado -quien reside actualmente entre Miami y Nueva York- tiene una medida de privación de libertad solicitada el 24 de febrero de 2005, esto «no es suficiente», porque «hay que hacer los trámites de extradición por violación de Derechos Humanos».

Según la cifra oficial de la época, se registraron 300 muertos durante El Caracazo, aunque algunos organismos gubernamentales del chavismo sitúan el número de fallecidos en más de 2.000. El último informe elaborado por el Defensor del Pueblo señala como principal conclusión que, «por la negligencia dolosa con que se trató el caso, nadie está en capacidad de decir con exactitud cuántas personas fueron asesinadas». Sobre el número de expedientes abiertos por aquellos días de violencia, el informe lamenta que de los 340, el 98% (335) se encuentra en fase preliminar, el 1% (4) en fase intermedia y el 0,29% (1) en juicio.

El Caracazo comenzó a ser recordado en actos oficiales después de la llegada al poder de Hugo Chávez. El ex teniente coronel considera esta revuelta popular como la «precursora» del golpe de Estado que el líder bolivariano lideró contra Pérez en febrero de 1992. En la última semana, muchos analistas han establecido comparaciones entre la actual situación económica de Venezuela y los años del boom petrolero que precedieron a aquellos días : aumento del gasto social, auge desenfrenado del consumo, altos índices de inflación, crecimiento de los niveles de endeudamiento...

Chávez respondió criticando el «caos moral, político, económico y social» que reinaba en esa época. Además, calificó de «intento de falsificación de la Historia» estas acusaciones y aseguró que «la diferencia entre ambos momentos históricos es del cielo a la Tierra: entonces el pueblo no tenía Gobierno, al país lo estaban saqueando», explicó durante su programa de radio.

«¿Cuándo en 1989 los pobres tenían casas de alimentación?», se preguntó Chávez durante su intervención. Por aquel entonces, «la inflación estaba desatada, había devaluación, congelación de sueldos, libertad de precio para que la oligarquía vendiera a los precios que quisiera, la clase media tendía a desaparecer y la pobreza extrema estaba casi en un 20%, cuando hoy está casi en un 7% y va a seguir bajando», destacó el máximo mandatario venezolano.

La petición para extraditar a Pérez no es la única realizada por Venezuela. Desde hace un par de años, Caracas está reclamando a Washington la deportación del terrorista Luis Posada Carriles, quien en 1976 colocó una bomba en un avión causando la muerte de 70 personas. Este disidente cubano se encuentra también en Miami como asilado político.