¿Multaría lo mismo ese sujeto de Iznájar a un comercio por no rotular también en castellano sus productos y hacerlo sólo en catalán? Por supuesto que no. La desigualdad política, la discriminación de los ciudadanos por razones lingüísticas, el atropello burocrático, la persecución legal y la sanción económica son el pan nuestro de cada día en una comunidad que se jacta de su civismo y de ser escuela de costumbres para el todavía resto de la cada vez más ajena, más lejana y, como lógica reacción, más hostil España.

Nadie puede imaginar a Esperanza Aguirre multando a un comerciante catalán que tratara de vender sus productos en Madrid o en cualquiera de sus grandes pueblos mediante rótulos sólo en catalán. O en inglés. O en alemán. Allá el comerciante y su mercado. Multar a un ciudadano europeo por rotular su comercio, sus productos o lo que venda en el idioma que le dé la gana en cualquier país de la Unión Europea debe de ser un delito como un piano, amén de un atropello liberticida. Es posible que un islandés que rotule una tienda de bacalao sólo en islandés tenga escaso futuro en Alcorcón, pero vaya usted a saber. A lo mejor, la fidelidad telúrico-lingüística al bacalao del señor de Reykiavik da confianza en el producto a la clientela, o quizás le piden directamente el bacalao que mejor cuadre para hacerlo a la riojana, o si son muy devotos del manjar, tal vez les confíe recetas islandesas inéditas en España. En todo caso, es problema del que vende y del que compra. Aguirre sólo debe intervenir si el islandés vende bacalao en malas condiciones y envenena a la gente bacaladófila de la noble y populosa Alcorcón.

En España hay una Constitución que, a propósito de la lengua castellana o española, dice que todos los ciudadanos tenemos el deber de conocerla y el derecho a usarla. La LOGSE ha acabado en la práctica con el deber y la LOE rematará la idiocia generalizada en materia lingüística. La conoceremos poco y mal. Pero, además, los nacionalistas, incluyendo al cordobés que reniega de su lengua, no sólo no respetan sino que atropellan ese derecho básico de todos los ciudadanos a usar en España el español.

¿Y qué hacen los medios de comunicación en castellano, que son los que tienen lectores y ganan dinero en Cataluña? Pues lo de siempre: callar y legitimar la discriminación. Deberían dar ejemplo y abandonar la lengua proscrita. Pero a ellos, claro, no los multan.