La discusión estuvo trufada de referencias -por parte de Rivera, porque Carod eludió referirse a ello- de las informaciones que se han conocido esta semana en cuanto a que el Gobierno catalán ha recaudado 55.675 euros en 2006 procedentes de 194 empresas que no rotularon sus establecimientos en catalán. El líder de Ciutadans se mostró favorable a «incentivar» el uso de la lengua catalana, pero no a las «sanciones». Por ello, pidió que desaparezca la oficina de garantías lingüísticas.

Rivera, que recordó que este tipo de multas han aumentado un 63% en un año, abogó también por que los ciudadanos puedan elegir la lengua en la que reciben las comunicaciones de la Generalitat.«Es una vergüenza para Cataluña la discriminación del castellano en la Administración y el intervencionismo que se está haciendo desde el tripartito en el ámbito privado», dijo.

Añadió que «la Generalitat es hoy monolingüe», porque «el castellano ha quedado como lengua residual», que «el ciudadano debe tener derecho a ser respondido en castellano, aunque haya que hacer las modificaciones legales necesarias» y que «la ciudadanía no se siente ni cómoda ni representada con esta política lingüística dirigida por Carod-Rovira».

El vicepresidente de la Generalitat le respondió amparándose en la «legalidad vigente» -también por lo que respecta a las sanciones- y en el Estatut. Del nuevo texto, para el que su partido pidió el no en el referéndum, el líder de ERC citó el artículo 6.1: «El catalán es la lengua de uso normal y preferente de todas las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña».

En tono irónico, Carod se refirió a Ciutadans como «el grupo filológico de esta Cámara», y acusó a sus diputados de estar «tronats», porque «eso de lengua materna ya no lo dice nadie en el mundo» y porque, en su opinión, plantearse la división de la sociedad entre catalanohablantes y castellanohablantes es «anticuado, pasado de moda y no tiene nada que ver con la realidad».

La otra batalla lingüística de ayer en el Parlament se libró entre el conseller d'Educació, Ernest Maragall, y su particular némesis, la diputada de CiU Irene Rigau, a cuenta, otra vez, de la inmersión lingüística. Rigau aseguró que Maragall «no cree» en la necesidad de defender la lengua y la cultura catalana en las escuelas, y expresó su sospecha de que en el decreto que prepara el Govern en respuesta al del Ministerio de Educación «se quiere trasladar a Cataluña las estructuras que prevé el decreto de enseñanzas mínimas del Gobierno central».

La opinión de Ernest Maragall es muy diferente. Según él, su apuesta por reformular el sistema de inmersión lingüística es obligada porque éste se ha ido «degradando», hasta el punto de que el uso del catalán es «preocupante» en la ESO, sobre todo en algunas zonas con mayor presencia de inmigrantes, y afirmó que fue CiU, durante sus últimos años de gobierno, quien dejó que «se echase a perder la función de pilar que tenía el catalán en la educación».

El conseller d'Educació aseguró que el método de inmersión lingüística dejó de ser aplicado en 1994 al entender que el modelo de «escuela catalana», donde el catalán es la lengua vehicular mayoritaria, «era suficiente y ya estaba consolidado».