La titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, Eva Maria Moltó, ha decido abrir juicio oral por cuatro delitos continuados de acusación y denuncia falsa y un delito procesal continuado en grado de tentativa contra el actual vicepresidente del Santander Central Hispano, Alfredo Sáenz, por unos hechos ocurridos cuando era presidente de Banesto. La juez también ha abierto juicio oral contra tres de los colaboradores de Sáenz de la época. Se trata de uno de los últimos flecos del caso Estevill.
Sáenz, su entonces número dos, José Angel Merodio, el delegado de Banesto en Cataluña, Miguel Angel Calama, y el abogado del banco, Rafael Jiménez de Parga están acusados de haberse concertado en 1994 para presentar una serie de querellas falsas contra un grupo de empresarios afincados en Cataluña. Sáenz y sus hombres conspiraron para que el instructor de la causa fuera el ex juez Lluís Pascual Estevill, que envió a la cárcel a varios de los querellados.
Estevill, que cumple una condena de más de 10 años por extorsión y soborno, admitió haber liberado a uno de esos empresarios tras recibir 25 millones de pesetas de la época en efectivo de manos del resto de empresarios. Finalmente la causa quedó archivada al probarse que todos los hechos eran falsos.
El grupo de empresarios, liderado por Pedro Olabarría, los hermanos Luis Fernando y José Ignacio Romero y Enrique Marugán, acabarían por encabezar la lista de denunciantes contra Estevill. Aquella actuación de Banesto a manos de Rafael Jiménez de Parga, fue el principio del fin del juez Estevill.
La juez Moltó redactó y firmó el auto de apertura de juicio oral el pasado 16 de febrero, aunque hasta ayer no fue notificado a las partes personadas. Los empresarios que ejercen la acusación particular, tan sólo piden un euro como indemnización por los daños morales sufridos.
En julio de 1994, esta entidad acusó de alzamiento de bienes y estafa a Pedro Olabarría, Modesto González y los hermanos Luis Fernando y José Ignacio Romero porque supuestamente adeudaban 4,2 millones de euros a Banesto y se habían comprometido a devolver dicha cantidad con su patrimonio personal. La querella recayó en el juzgado de instrucción número 10 de Barcelona, donde estaba Luis Pascual Estevill -condenado por su actuación en este caso- realizando funciones de sustitución. El juez los imputó y llegó a ordenar el ingreso en la cárcel de tres de los empresarios de forma provisional durante unos días. Cuando regresó el titular del juzgado, puso en libertad a los denunciados y archivó la causa. La Audiencia de Barcelona ratificó semanas después esta decisión.
La juez de instrucción número 20 de Barcelona decidió dar vía a la investigación de esta acusación falsa al considerar que Sáenz era conocedor de la iniciativa judicial y no hizo nada para evitarlo, al tiempo que amparó escritos de ampliación de aquella querella, tal y como sostiene ahora la Fiscalía, que afirma que «la totalidad de los acusados» sabía que «las afirmaciones» de la querella «no respondían a la realidad».
Cuando el caso estaba cerca de llegar a juicio, la Audiencia de Barcelona decidió archivar el procedimiento contra los ex responsables de Banesto al considerar que había prescrito la acción penal contra dos de ellos, y que los otros dos eran acusados de algo por lo que no habían sido investigados desde un principio.Sin embargo, el pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo estimó el recurso de casación que interpusieron los querellantes contra la decisión del tribunal provincial ordenando al juzgado que continuara el proceso.
Por esa razón, las actuaciones de la dirección de Banesto y de Jiménez de Parga no se vieron en el macrojuicio del caso Estevill celebrado en octubre de 2004.