Se trata de Josep Lluís Arques y Albert Tortajada. Según la nueva organización interna, el primero se encargará, a partir de ahora, de «la coordinación y responsabilidad del área Tecnológica y de Gestión, en calidad de asesor del presidente», Joan Torres.Por su parte, Tortajada asumirá las funciones de «coordinación y responsabilidad del área corporativa de Desarrollo y Planificación», en calidad también de «asesor al presidente».

Arques y Tortajada, junto con Josep Verdaguer, eran los únicos tres directivos implicados en el escándalo de los planes de pensiones irregulares suscritos en la época en que CiU gobernaba la Generalitat que permanecían en la empresa pública. En total, fueron 16 los dirigentes que recibieron 3,2 millones de euros con un plan de pensiones irregular. A Arques le correspondieron 289.264,5 euros; a Tortajada, 105.240,8 euros.

Lo curioso es que el caso no se destapó hasta que el primer tripartito llegó, en 2003, al poder en Cataluña. Ferrocarrils acordó abonar un premio a los altos responsables de la compañía a través de un fondo de pensiones que canceló en el año 2000 ante la sospecha de que era ilegal. Cuando las izquierdas entraron en la Generalitat, un informe de la Sindicatura de Comptes puso en la picota a los ex directivos de FGC.

Fue el diputado de Iniciativa per Catalunya-Verds Joan Boada quien, tras el documento de ese organismo, llevó el informe a la Fiscalía, que se querelló en diciembre del año pasado.

Ferrocarrils de la Generalitat emitió entonces un comunicado donde señalaba que retiraría el mando a los tres directivos que todavía permanecían en la empresa si el juez admitía a trámite la querella presentada por la Fiscalía. Sin embargo, el nuevo organigrama no parece dejarlos fuera de puestos de mando. Fuentes cercanas al caso apuntan que los trabajadores de la empresa están «muy molestos» con esta actitud de los directivos.