BARCELONA.-
Miguel Angel Plaza Marín y Carlos Cañada Coll, acusados de vender a una tercera persona dos cartuchos de dinamita idéntica a la usada por los siete suicidas de Leganés y dos detonadores iguales a los empleados en los atentados del 11-M, admitieron ayer los hechos y aceptaron una pena de tres años de cárcel.
Los dos acusados, que desde hace un año se encuentran en prisión provisional, admitieron así haber cometido un delito de tenencia y tráfico de explosivos, en el juicio celebrado ayer en la Audiencia de Barcelona.
Los procesados reconocieron que se pusieron de acuerdo en noviembre de 2005, un año y medio después de los atentados de Madrid, con una tercera persona, un testigo protegido conocido como La Fuente, para venderle una pequeña cantidad de material explosivo, como muestra para efectuar posteriores transacciones.
Al admitir los acusados los hechos tras un acuerdo alcanzado entre las partes, por el que el fiscal ha rebajado su petición de pena de cinco a tres años, el juez ha decidido suspender las declaraciones de los testigos y peritos que tenían que comparecer en el juicio. Los dos acusados dijeron que Carlos Cañada, por indicación de Miguel Angel Plaza, quedó con La Fuente en el Bar Bao Bab de Cornellà de Llobregat (Barcelona), para entregarle un paquete con dos cartuchos de dinamita Goma 2 ECO y dos detonadores eléctricos.
Esta dinamita estaba fabricada por la empresa Unión Española de Explosivos (UEE), se corresponde con un lote distribuido hacia Asturias en el primer semestre del año 2003 y tiene características técnicas -dimensiones y peso- idénticas a los restos hallados y utilizados por los siete terroristas islamistas que se inmolaron en Leganés en abril de 2004.
Los dos cartuchos de explosivos se encontraban en perfecto estado de uso y conservación y su composición química estaba formada por compuestos característicos de la Goma 2 ECO, con la anormalidad de que la proporción de nitroglicol es menor de la que correspondería, posiblemente, según los peritos, debido al paso del tiempo o a una mala conservación en la composición.
Los cartuchos, que pesaban 150 gramos cada uno y estaban envueltos en papel parafinado con el anagrama de la empresa UEE y su respectivo número de referencia, fueron destruidos en abril pasado por orden judicial.
Por su parte, los detonadores eléctricos de cobre, fabricados en España en 2002, llevaban un indicador de sensibilidad y otro de retardo inicial.
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