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| Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen (Willie Brandt) |
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| PRISMA |
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| Renfe nos perjudica a todos |
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ANNA TORTAJADA
Existe en Catalunya una institución regulada por Ley, el Síndic de Greuges, que tiene como misión, garantizar el derecho de todas las personas a una buena administración. La ciudadanía puede dirigirse al Síndic para presentar sus quejas, pero también la institución, por iniciativa propia, puede llevar a cabo estudios e informes relacionados con anomalías en diversos ámbitos como la educación, la sanidad, el medio ambiente, el consumo, etc.A partir de la denuncia de situaciones que vulneran derechos ciudadanos, su función es asesorar, aconsejar, recomendar, proponer soluciones. Uno de los supuestos en que la actuación del Síndic no sólo está legitimada, sino que cae directamente en el ámbito de sus atribuciones es el trato indebido a los ciudadanos. Trato indebido es el que Renfe da a los ciudadanos de Catalunya. El Síndic ha iniciado una actuación de oficio. Sin embargo, a pesar de la alta consideración de la que goza, el Síndic no tiene autoridad, en el sentido de poder obligar a las partes a resolver el conflicto.En el caso de Renfe, sería una cuestión de gobierno y de competencias administrativas. Y ahí sí que el ciudadano se topa con un muro de indefensión. Quizás el vicio más arraigado de nuestros representantes políticos es convertir los problemas reales de la ciudadanía en entelequias sobre las que debatir, desde una perspectiva abstracta, en función de sus propias ideologías y concepciones ideales del estado y del Gobierno, cuando no les sirve de bienvenido pretexto para cargar contra el otro, contra la gestión de gobiernos anteriores o para defender intereses de partido. Los debates entre políticos, muy interesantes si fueran sólo una especie de ágora donde elucubrar y hacer exhibición de una retórica que también escasea entre sus filas, no suelen aportar soluciones prácticas a los problemas reales de los ciudadanos. Ya sabemos que no se han hecho inversiones, que desde la administración central no ha habido demasiado interés en invertir en las infraestructuras de Catalunya, que siempre hay un «problema» de competencias. Ha llegado el momento de buscar soluciones. No sólo por respeto a los derechos ciudadanos, sino también en interés del futuro del país. La falta de infraestructuras que funcionen como es debido va a llevarnos a la bancarrota.Los usuarios de Renfe no son sólo excursionistas que deciden un día ir de paseo a otras poblaciones (aún en ese caso tendrían todo el derecho) sino que son los hombres y mujeres que con su trabajo sostienen la economía, que al parecer, es lo único que realmente interesa a nuestros representantes. Si la gente no puede acudir al trabajo, si las empresas pierden horas de productividad, el país no puede salir adelante. Hay que hacer inversiones en la red viaria catalana. Inversiones que dependen de la administración central. ¿O es que también tendremos que pagarlas los ciudadanos como las autopistas? Durante décadas, nuestros gobiernos no las han reclamado o no las han conseguido. Y la cosa ha ido cada vez a peor a medida que la red viaria iba quedando más y más obsoleta. Parece que la ciudadanía empieza a rebelarse contra el abuso a que es sometida cada día. Sería interesante que el sector de la empresa, con más medios de presión que el ciudadano de a pie, emprendiera también acciones contra los responsables de que sus trabajadores no puedan cumplir los horarios pactados.Renfe nos perjudica a todos. Lógico sería que todos uniéramos esfuerzos para acabar con tanto abuso.
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