El más duro fue el portavoz económico parlamentario del PP, Vicente Martínez-Pujalte, que considera «una ilegalidad» la reunión del pasado 16 de febrero entre la cúpula de Enel con el ministro de Industria, Joan Clos, y el asesor económico del presidente del Gobierno, David Taguas. Se basó en que ese encuentro equivale a un contacto ilegal entre dos accionistas de Endesa, puesto que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) mantiene un 3% de Endesa. También criticó que Clos destapara el pasado martes un pacto anti E.ON horas antes de que Enel hiciera pública su entrada en escena.

«Mi grupo va a ejercer todas las acciones parlamentarias y jurídicas necesarias para denunciar una corrupción del Gobierno que se ha puesto de manifiesto en las declaraciones de Clos», «al señor Clos se le va la boca y lo anuncia y el señor Blanco, para defender al señor Clos, dice que no se preocupen, es que el señor Clos no tiene ni idea, es que es profeta o hijo de profeta, tiene unas intuiciones magníficas (...) Y luego Enel los deja a los dos como mentirosos y como promotores de una ilegalidad, de una corrupción».

Críticas de CiU

En opinión de Pujalte, La Moncloa vuelve a ser «una bodeguilla para hacer negocios privados, en contra de los consumidores y de los accionistas».

Por su parte, el Gobierno autonómico madrileño, que controla en la práctica el 50% de Caja Madrid, ha decidido pedir a su presidente, Miguel Blesa, que no ponga su participación en Endesa en contra de la OPA de E.ON.

El vicepresidente primero, Ignacio González, expresó ayer públicamente su «confianza», en que Caja Madrid -que cuenta con un 10% del capital de la eléctrica, «defienda el interés de los impositores y de los madrileños, muchos de los cuáles son accionistas de Endesa y que, por el intervencionismo político del Gobierno, a lo mejor se ven perjudicados en sus expectativas económicas».

González alertó sobre el problema que supone que una operación fuera del mercado como la que ha lanzado Enel puede abortar la OPA alemana y, por tanto, las expectativas de los accionistas minoritarios de Endesa de poder vender sus títulos con buenas plusvalías. Por ello, Caja Madrid no debe unirse, en opinión del Gobierno autonómico del PP, a ese frente. Lo que no dice González es que Caja Madrid deba vender por ello toda su participación a E.ON. Para el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, lo peor que puede ocurrir ahora es que el grupo alemán desistiera, porque se quedaría sin posibilidad de vender a buen precio -Enel ya compró ayer todo lo que podía-.

El secretario de Economía en la Ejecutiva del PP, Miguel Arias Cañete, pidió a la CNMV que actúe a fondo «por si ha habido prácticas de acuerdo previas entre el Gobierno a través de la Sepi, que es accionista de Endesa, la empresa pública italiana Enel, los bancos de inversión o cualquier otro accionista, dirigida a boicotear la OPA de E.ON, y que en tal caso la CNMV tome las decisiones oportunas para restablecer el orden jurídico en nuestro país». Añadió en Bruselas, según Europa Press, que el organismo regulador debería pedir explicaciones incluso al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

También solicitó que intervenga «cualquier organismo supervisor de cualquier lugar donde Endesa cotice en Bolsa», así como la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de la que reclamó que actúe «con total independencia, a diferencia de lo que pasó en la OPA de Gas Natural». «Está en juego el prestigio internacional de España, la imagen de España como un país para atraer inversión internacional», alertó.

A su juicio, incluso la Comisión Europea debería estudiar «si se ha observado el derecho comunitario, si se han observado las directivas de OPA o si por el contrario hay aquí acuerdos, indicios, que hubieran debido obligar a que hubiera una OPA del 100%».

Tampoco CiU echó ayer un cable al Gobierno. El portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), Josep Sánchez Llibre, calificó de «irresponsable» al ministro de Industria, Joan Clos, por las declaraciones efectuadas el pasado martes, antes de que se conociera la entrada de Enel en el capital de Endesa.

Según Sánchez Llibre, esas declaraciones suponen una «injerencia» en la actividad de empresas privadas, «ponen en peligro la credibilidad de la economía española», muestran «desprecio» a los pequeños accionistas y «dejan en ridículo» a las instituciones financieras y al Gobierno.

«Lo que se ve es lo que es», se defendió el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, para sostener que el Gobierno no ha cometido ninguna irregularidad con esta «operación puramente empresarial». Clos, por su parte, insistió ayer en que en el encuentro del día 16 y en ningún otro con Enel, el grupo italiano le expuso «sus intenciones» con Endesa. Y garantizó «la más absoluta neutralidad del Gobierno en la operación».