La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual establece que cada dos años las entidades de gestión y la industria negociarán el listado de aparatos sujetos al canon digital y su cuantía, y transmitirán su acuerdo -o su falta de acuerdo- a los ministerios de Industria y Cultura para que publiquen una orden conjunta que determine la compensación por copia privada de cada soporte.

Las negociaciones entre las partes no fructificaron y ahora es el Gobierno quien determinará esta compensación, en menos de un mes, según los plazos establecidos en la ley.

La asociación reconoce que los autores deben recibir una compensación por derechos de copia privada, «pero siguiendo unos criterios de sentido común y basándose en el uso real que los usuarios hacen de los distintos dispositivos con capacidad de almacenar en memoria».

Asimismo, advierte del «peligro que se corre al confundir copia privada con piratería, y que no se puede admitir la compensación de este delito a través del canon», pero insiste en su disposición para «acercar posturas».