Al término de la marcha, el presidente del comité de empresa, Antonio Pina (CCOO), informó a los presentes de que la Junta ha rechazado la pretensión de la multinacional de iniciar las negociaciones previas al cierre patronal, decisión que, según Delphi, «es irrevocable». El encuentro había sido solicitado por carta y se iba a celebrar el lunes.

El alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, portavoz de la comisión de los 13 municipios afectados, declaró a EL MUNDO que «se trata de un conflicto entre Delphi, el Gobierno de España y la Unión Europea» y añadió que «nadie podía imaginarse una asistencia tan masiva, lo que es un acicate y evidencia la musculatura solidaria de la sociedad».

Barroso advirtió a las administraciones, profusamente representadas en la protesta, que deben saber que la respuesta ponderada tiene un límite racional, una fecha próxima donde los hechos deben seguir a las palabras y promesas.

Barroso apreció, en referencia a diputados, senadores y parlamentarios andaluces del PSOE, «clamorosas ausencias en la pancarta» y exigió «una presencia más activa del Gobierno, de los ministros Caldera y Clos y de Zapatero, porque no es de recibo que no hayan encontrado aún un interlocutor en Delphi».

El regidor dijo que no es válida para este caso la referencia de astilleros «porque la forma en que se administró el proceso de desmantelamiento no sirve para Delphi» y agregó que «en la provincia no hay cien mil parados, sino muchos más, miles de prejubilados de todos estos años, gentes preparadas pero ociosas».

«El Gobierno, la Junta», subrayó, «no pueden actuar como un colchón amortiguador para que este conflicto sea local, porque no lo es. Es un asunto europeo, la deslocalización es un problema global». Barroso advirtió de «consecuencias impredecibles si se rebasa este dique que es Delphi para el frágil tejido productivo de la bahía gaditana».

Tanto Barroso como los manifestantes supieron ayer que el consejero de Empleo, Antonio Fernández, ha enviado una misiva a la empresa donde expresa que «no es ajustado a derecho para casos de cierres como el que se plantea entregar cartas individualizadas en lugar de actuar como contempla el Estatuto de los Trabajadores, esto es, con la presentación de un expediente de regulación que venga acompañado de un plan social».