El ministro del Interior explicó ayer que había adoptado «personalmente» la medida y las fuentes oficiales del Gobierno se esforzaron por hacer que todo empezara y terminara en él.

Por eso, la orden desde La Moncloa era ayer que sólo el ministro del Interior hiciera declaraciones sobre este asunto y, en todo caso, todos se remitieran a él. El propio Zapatero hizo eso ayer en Barcelona cuando fue preguntado.

Otras fuentes explican que, obviamente, Rubalcaba tenía el visto bueno del presidente del Gobierno y la vicepresidenta primera. Añaden que son conscientes del coste político que puede tener la concesión del régimen de prisión atenuada para el terrorista.

Según el Gobierno, todos los informes que estaban en poder del ministro mostraban un deterioro de la salud de Ignacio de Juana Chaos que apuntaban a un desenlace fatal en los próximos días.

La posibilidad de que el preso muriera llevó al presidente del Gobierno a autorizar a Rubalcaba la aplicación del beneficio penitenciario. «Hubiera fallecido», dijo el ministro, remitiéndose a los informes de los médicos.

Rubalcaba leyó ayer un comunicado en el que habla de «razones legales y humanitarias»; en el que se esfuerza por explicar que la condena que cumple no se refiere a los 25 asesinatos puesto que ésa ya concluyó y en el que introdujo expresiones de repulsa y desagrado hacia la trayectoria de Ignacio de Juana. «Soy consciente de que los ciudadanos pueden pensar que no merece este trato humanitario, pero, a diferencia de los terroristas, a nosotros sí nos importa la vida, es nuestra mayor legitimidad moral. El Estado debe aplicar la ley, ser humanitario, firme e inteligente. A nosotros nos importa la vida», aseguró.

Antes de comparecer para confirmar públicamente la decisión del Gobierno, el ministro se reunió uno a uno con todos los portavoces parlamentarios y les explicó la medida. Todos, salvo el del PP, Eduardo Zaplana, le dieron su apoyo. Además de los informes médicos, el Gobierno esgrime los de la Junta de Tratamiento de la prisión y del juez de la Audiencia Nacional para intentar convertir la decisión política en técnica. Esgrime también otros precedentes aplicados a miembros de ETA enfermos y a Rafael Vera y Enrique Galindo, pero admite que ninguno de esos casos se produjo bajo la presión de una huelga de hambre. Fuentes oficiales explican que para tomar la decisión se ha tenido en cuenta estrictamente la voluntad de evitar la muerte del etarra, una vez comprobado que estaba dispuesto a llegar hasta el final.

De hecho, explican que ha llegado ya al punto en el que tendrá secuelas de por vida por su protesta, tal y como les ocurrió a miembros de los GRAPO que mantuvieron huelgas de hambre prolongadas.

Estas fuentes desligan la decisión de cualquier posibilidad de reanudar el llamado proceso de paz. La versión oficial y extraoficial sigue siendo que en este momento se mantiene en suspenso tras el atentado de la T-4 de Barajas. Sólo se reanudaría si ETA diera un paso mucho más allá del alto el fuego permanente que rompió el 30 de diciembre con ese atentado en el que murieron dos personas.

De hecho, el Gobierno considera imposible que se pueda reanudar en esta legislatura, aunque, como dijo Zapatero el domingo, ven tensiones en la izquierda abertzale.

En paralelo, el Ejecutivo insiste en que no permitirá a Batasuna concurrir a las elecciones hasta que no acate la Ley de Partidos y se distancie de la violencia. Si esa condición no se cumple, instará a la ilegalización de las candidaturas para las municipales y forales del 27 de mayo que, bajo cualquier denominación, incluyan a dirigentes de Batasuna.

Varios miembros del Gobierno consultados por este periódico apoyaron la decisión. La ven como un mal menor inevitable, con un coste político que no hay más remedio que asumir y dieron por hecho que hoy en el Consejo de Ministros Zapatero les pedirá respaldo expreso y público a Rubalcaba.